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Legislación básica
 

DECRETO 51/2007, de 17 de mayo, por el que se regulan los derechos y deberes de los alumnos y la participación y los compromisos de las familias en el proceso educativo, y se establecen las normas de convivencia y disciplina en los Centros Educativos de Castilla y León.
PARTE I


El artículo 35 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, establece
que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo
legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles
y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que conforme al
apartado 1 del artículo 81 de ella lo desarrollen y sin perjuicio de las
facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo
149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía.
La convivencia escolar adecuada es un requisito para un proceso educativo
de calidad, siendo igualmente su resultado. Convivencia y aprendizaje
son dos aspectos estrechamente ligados entre sí, que se condicionan
mutuamente y que requieren que el respeto de derechos ajenos y el
cumplimiento de obligaciones propias se constituyan en finalidad y en un
verdadero reto de la educación actual en su compromiso para conseguir
una sociedad mejor.
La existencia de conflictos en el ámbito escolar provoca una especial
preocupación en la comunidad educativa y en la sociedad en general, y
exige una respuesta adecuada por parte de los poderes públicos. Esta preocupación
viene a reafirmar la profunda convicción de que la educación
en un sistema democrático debe inculcar a los alumnos que el desarrollo
de los derechos propios debe ir acompañado ineludiblemente del cumplimiento
de los deberes hacia los demás.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, configura la
convivencia escolar como un principio y como un fin del sistema educativo,
al recoger, como elementos que lo inspiran, la prevención del conflicto
y su resolución pacífica. En este sentido modifica y precisa, entre
otras, la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la
educación, en lo que respecta a los derechos y deberes del alumnado,
regula los órganos de gobierno, coordinación y dirección de los centros
educativos y sus competencias en el marco del régimen disciplinario, asumiendo
las medidas de sensibilización e intervención, en el ámbito educativo,
que se regularon por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de medidas de protección integral contra la violencia de género, en cuanto
al respeto a los derechos y libertades fundamentales y a la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres, estableciendo que los consejos escolares
cuenten entre sus competencias con la posibilidad de proponer medidas
que favorezcan esta igualdad. En dicha Ley también se recoge la
voluntad de potenciar la resolución pacífica de conflictos que en otros
ámbitos del derecho y de la convivencia social se han desarrollado de
forma efectiva mediante los procesos de mediación.
En este marco legal, el presente Decreto establece la regulación propia
de la Comunidad de Castilla y León en esta materia, tratando de adaptarse
a una realidad escolar que ha superado las respuestas ofrecidas por
el Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, sobre los derechos, deberes y
normas de convivencia de los alumnos de centros sostenidos con fondos
públicos, norma hasta ahora aplicable en nuestra Comunidad Autónoma.
Sobre la base de los derechos y deberes que se reconocen a los alumnos,
se afirma la responsabilidad que corresponde a toda la comunidad
educativa en la mejora de la convivencia escolar, de conformidad con lo
establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
cuando en su preámbulo señala que es preciso tener en cuenta que la responsabilidad
del alumno en el éxito escolar no debe recaer exclusivamente
sobre él mismo, individualmente considerado, sino sobre sus familias,
profesorado, centros docentes, administración educativa y, en
definitiva, sobre la sociedad en su conjunto, responsable última del funcionamiento
y la calidad del sistema educativo.
Así, un eje fundamental de esta norma es la necesidad de implicación
de las familias en el proceso educativo, que aparece recogida a lo largo de
todo el texto, y que se concreta no solo en el ejercicio de sus derechos y en
el cumplimiento de sus obligaciones, sino en su participación en medidas
novedosas de corrección de conductas perturbadoras de la convivencia. Al
lado de la mediación escolar, que se contempla como medida de corrección
voluntaria para la solución de conflictos entre partes, se regulan los procesos
de acuerdo reeducativo, donde los padres o tutores legales toman un
protagonismo fundamental. Además, estos dos tipos de medidas no sólo
pueden utilizarse como reacción ante una conducta perturbadora, sino
como estrategia para prevenir conflictos, reflejando de esta forma otro de
los principios que informan este Decreto, el de prevención.
Se concretan las funciones que la normativa vigente atribuye a los
órganos de gobierno de los centros, y se establecen las que corresponden
a tutores docentes, profesorado, y a una figura que asume un protagonismo
específico, el coordinador de convivencia. Asimismo se recogen dos
instrumentos básicos para la convivencia: el plan de convivencia y el
reglamento de régimen interior del centro.
El refuerzo de la autoridad de los profesores constituye otro de los
ejes de esta norma, plasmado en herramientas disciplinarias que estos
pueden y deben utilizar en el mismo momento en el que tiene lugar una
conducta perturbadora de la convivencia. Estas herramientas son las
actuaciones correctoras inmediatas, que no prejuzgan ni la calificación de
la conducta ni las medidas posteriores que se puedan adoptar, siendo el
objetivo perseguido el cese inmediato de aquélla.
Por último, y para aquellas conductas que perjudican gravemente la
convivencia escolar, se configura un régimen de infracciones y sanciones
y un procedimiento sancionador claro y estructurado, que facilita su comprensión
por toda la comunidad educativa y agiliza su desarrollo.
En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero
de Educación, previo dictamen del Consejo Escolar de Castilla y León,
de acuerdo con el Consejo Consultivo de Castilla y León, y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión de 17 de mayo de 2007
DISPONE
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones de carácter general
Artículo 1.– Objeto y ámbito de aplicación.
1. El presente Decreto tiene por objeto la regulación de los derechos
y deberes de los alumnos y de la participación y de los compromisos de
las familias en el proceso educativo, así como el establecimiento de las
normas de convivencia y disciplina en los centros educativos no universitarios,
sostenidos con fondos públicos, de Castilla y León.
2. Los centros privados no sostenidos con fondos públicos tendrán
autonomía para establecer sus normas de convivencia y disciplina en el
marco de la normativa vigente.
Artículo 2.– Principios informadores.
Son principios que informan el presente Decreto los siguientes:
a) La importancia de la acción preventiva como mejor garantía para
la mejora de la convivencia escolar.
b) La responsabilidad de todos y cada uno de los miembros de la
comunidad educativa para conseguir un clima escolar adecuado.
c) El necesario refuerzo de la autoridad del profesor para un correcto
desarrollo del proceso educativo.
d) La necesidad de una colaboración e implicación de los padres o
tutores legales del alumno en la función tutorial del profesor.
e) La relevancia de los órganos colegiados y de los equipos directivos
de los centros en el impulso de la convivencia y en el tratamiento
de los conflictos.
Artículo 3.– Garantías.
La Consejería de Educación, en el marco de sus competencias y dentro
del respeto a la autonomía de los centros educativos, velará por el
correcto ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los
alumnos, así como por el establecimiento y ejercicio de mecanismos de
control de las obligaciones y compromisos de los padres o tutores legales.
A tal efecto, garantizará la efectividad de las actuaciones encaminadas
a conseguir una convivencia adecuada en los centros educativos, de
acuerdo con lo establecido en el presente Decreto.
10918 Miércoles, 23 de mayo 2007 B.O.C. y L. - N.º 99
TÍTULO I
Derechos y deberes de los alumnos y participación
y compromisos de las familias en el proceso educativo
CAPÍTULO I
Principios Generales
Artículo 4.– Principios generales.
1. Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más
distinciones, en su forma de ejercicio, que las derivadas de su edad, desarrollo
madurativo y del nivel que estén cursando.
2. Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de conocer la Constitución
Española y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, con el
fin de formarse en los valores y principios reconocidos en ellos.
3. Todos los miembros de la comunidad educativa están obligados al
respeto de los derechos que se establecen en el presente Decreto.
4. El ejercicio de los derechos por parte de los alumnos implica el
deber correlativo de conocimiento y respeto de los derechos de todos los
miembros de la comunidad educativa.
CAPÍTULO II
Derechos de los alumnos
Artículo 5.– Derecho a una formación integral.
1. Todos los alumnos tienen derecho a recibir una formación integral
que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad.
2. Este derecho implica:
a) La formación en el respeto a los derechos y libertades fundamentales
y en los principios democráticos de convivencia.
b) Una educación emocional que le permita afrontar adecuadamente
las relaciones interpersonales.
c) La adquisición de habilidades, capacidades y conocimientos que le
permitan integrarse personal, laboral y socialmente.
d) El desarrollo de las actividades docentes con fundamento científico
y académico.
e) La formación ética y moral.
f) La orientación escolar, personal y profesional que le permita tomar
decisiones de acuerdo con sus aptitudes y capacidades. Para ello,
la Administración educativa prestará a los centros los recursos
necesarios y promoverá la colaboración con otras administraciones
o instituciones.
Artículo 6.– Derecho a ser respetado.
1. Todos los alumnos tienen derecho a que se respeten su identidad,
integridad y dignidad personales.
2. Este derecho implica:
a) La protección contra toda agresión física, emocional o moral.
b) El respeto a la libertad de conciencia y a sus convicciones ideológicas,
religiosas o morales.
c) La disposición en el centro de unas condiciones adecuadas de
seguridad e higiene, a través de la adopción de medidas adecuadas
de prevención y de actuación.
d) Un ambiente de convivencia que permita el normal desarrollo de
las actividades académicas y fomente el respeto mutuo.
e) La confidencialidad en sus datos personales sin perjuicio de las
comunicaciones necesarias para la Administración educativa y la
obligación que hubiere, en su caso, de informar a la autoridad
competente.
Artículo 7.– Derecho a ser evaluado objetivamente.
1. Todos los alumnos tienen derecho a que su dedicación, esfuerzo y
rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad.
2. Este derecho implica:
a) Recibir información acerca de los procedimientos, criterios y
resultados de la evaluación, de acuerdo con los objetivos y contenidos
de la enseñanza.
b) Obtener aclaraciones del profesorado y, en su caso, efectuar reclamaciones,
respecto de los criterios, decisiones y calificaciones
obtenidas en las evaluaciones parciales o en las finales del curso
escolar, en los términos que reglamentariamente se establezca.
Este derecho podrá ser ejercitado en el caso de alumnos menores
de edad por sus padres o tutores legales.
Artículo 8.– Derecho a participar en la vida del centro.
1. Todos los alumnos tienen derecho a participar en la vida del centro
y en su funcionamiento en los términos previstos por la legislación vigente.
2. Este derecho implica:
a) La participación de carácter individual y colectiva mediante el
ejercicio de los derechos de reunión, de asociación, a través de las
asociaciones de alumnos, y de representación en el centro, a través
de sus delegados y de sus representantes en el consejo escolar.
b) La posibilidad de manifestar de forma respetuosa sus opiniones,
individual y colectivamente, con libertad, sin perjuicio de los derechos
de todos los miembros de la comunidad educativa y del respeto
que, de acuerdo con los principios y derechos constitucionales,
merecen las personas y las instituciones.
c) Recibir información sobre las cuestiones propias de su centro y de
la actividad educativa en general.
Artículo 9.– Derecho a protección social.
1. Todos los alumnos tienen derecho a protección social, de acuerdo
con lo dispuesto en la legislación vigente y en el marco de las disponibilidades
presupuestarias.
2. Este derecho implica:
a) Dotar a los alumnos de recursos que compensen las posibles carencias
o desventajas de tipo personal, familiar, económico, social o
cultural, con especial atención a aquellos que presenten necesidades
educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la
permanencia en el sistema educativo.
b) Establecer las condiciones adecuadas para que los alumnos que
sufran una adversidad familiar, un accidente o una enfermedad
prolongada, no se vean en la imposibilidad de continuar o finalizar
los estudios que estén cursando.
CAPÍTULO III
Deberes de los alumnos
Artículo 10.– Deber de estudiar.
1. Todos los alumnos tienen el deber de estudiar y esforzarse para
conseguir el máximo rendimiento académico, según sus capacidades, y el
pleno desarrollo de su personalidad.
2. Este deber implica:
a) Asistir a clase respetando los horarios establecidos y participar en
las actividades académicas programadas.
b) Realizar las actividades encomendadas por los profesores en el
ejercicio de sus funciones docentes, así como seguir sus orientaciones
y directrices.
Artículo 11.– Deber de respetar a los demás.
1. Todos los alumnos tienen el deber de respetar a los demás.
2. Este deber implica:
a) Permitir que sus compañeros puedan ejercer todos y cada uno de
los derechos establecidos en este Decreto.
b) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y
morales y la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros
de la comunidad educativa, y evitar cualquier discriminación
por razón de nacimiento, raza, sexo o cualquier otra circunstancia
personal o social.
c) Demostrar buen trato y respeto a todos los alumnos y a los profesionales
que desarrollan su actividad en el centro, tanto en lo referido
a su persona como a sus pertenencias.
Artículo 12.– Deber de participar en las actividades del centro.
1. Todos los alumnos tienen el deber de participar en las actividades
que configuran la vida del centro.
2. Este deber supone:
a) Implicarse de forma activa y participar, individual y colectivamente,
en las actividades lectivas y complementarias, así como en
las entidades y órganos de representación propia de los alumnos.
B.O.C. y L. - N.º 99 Miércoles, 23 de mayo 2007 10919
b) Respetar y cumplir las decisiones del personal del centro, en sus
ámbitos de responsabilidad, así como de los órganos unipersonales
y colegiados, sin perjuicio de hacer valer sus derechos cuando considere
que tales decisiones vulneran alguno de ellos.
Artículo 13.– Deber de contribuir a mejorar la convivencia en el centro.
1. Todos los alumnos, siguiendo los cauces establecidos en el centro,
tienen el deber de colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en
la consecución de un adecuado clima de estudio y respeto.
2. Este deber implica:
a) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del
centro, establecidas en el Reglamento de régimen interior.
b) Participar y colaborar activamente con el resto de personas del
centro para favorecer el desarrollo de las actividades y, en general,
la convivencia en el centro.
c) Respetar, conservar y utilizar correctamente las instalaciones del
centro y los materiales didácticos.
Artículo 14.– Deber de ciudadanía.
Todos los alumnos tienen el deber de conocer y respetar los valores democráticos
de nuestra sociedad, expresando sus opiniones respetuosamente.
CAPÍTULO IV
La participación de las familias en el proceso educativo
Artículo 15.– Implicación y compromiso de las familias.
A los padres o tutores legales, como primeros responsables de la educación
de sus hijos o pupilos, les corresponde adoptar las medidas necesarias,
solicitar la ayuda correspondiente y colaborar con el centro para
que su proceso educativo se lleve a cabo de forma adecuada, asistiendo a
clase y a las actividades programadas.
Artículo 16.– Derechos de los padres o tutores legales.
1. Los padres o tutores legales, en relación con la educación de sus
hijos o pupilos, tienen los derechos reconocidos en el artículo 4.1 de la
Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación.
2. La administración educativa garantizará el ejercicio de los derechos
reconocidos en el apartado anterior. Con especial atención, y de
acuerdo con los principios informadores de este Decreto, garantizará el
derecho de los padres o tutores legales a:
a) Participar en el proceso de enseñanza y en el aprendizaje de sus
hijos o pupilos y estar informados sobre su progreso e integración
socio-educativa, a través de la información y aclaraciones que puedan
solicitar, de las reclamaciones que puedan formular, así como
del conocimiento o intervención en las actuaciones de mediación o
procesos de acuerdo reeducativo.
b) Ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación personal,
académica y profesional de sus hijos o pupilos, sin perjuicio
de la participación señalada en el párrafo anterior, y a solicitar,
ante el consejo escolar del centro, la revisión de las resoluciones
adoptadas por su director frente a conductas de sus hijos o pupilos
que perjudiquen gravemente la convivencia.
c) Participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación
del centro educativo, a través de su participación en el consejo
escolar y en la comisión de convivencia, y mediante los cauces
asociativos que tienen legalmente reconocidos.
Artículo 17.– Deberes de los padres o tutores legales.
1. Los padres o tutores legales, como primeros responsables de la
educación de sus hijos o pupilos, tienen las obligaciones establecidas en
el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio.
2. La administración educativa velará por el cumplimiento de los
deberes indicados en el apartado anterior. Con especial atención, y de
acuerdo con los principios informadores de este Decreto, velará por el
cumplimiento de los siguientes deberes de los padres o tutores legales:
a) Conocer la evolución del proceso educativo de sus hijos o pupilos,
estimularles hacia el estudio e implicarse de manera activa en la
mejora de su rendimiento y, en su caso, de su conducta.
b) Adoptar las medidas, recursos y condiciones que faciliten a sus
hijos o pupilos su asistencia regular a clase así como su progreso
escolar.
c) Respetar y hacer respetar a sus hijos o pupilos las normas que rigen
el centro escolar, las orientaciones educativas del profesorado y
colaborar en el fomento del respeto y el pleno ejercicio de los
derechos de todos los miembros de la comunidad educativa.
TÍTULO II
De la convivencia escolar
CAPÍTULO I
Distribución de competencias
Artículo 18.– Competencia.
1. De conformidad con lo dispuesto en el título V de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, corresponden al consejo escolar, al
claustro de profesores y a la dirección del centro las funciones y competencias
referentes a la convivencia escolar.
2. Los coordinadores de convivencia, los tutores de los grupos de
alumnos y los profesores sin atribuciones de coordinación específica,
deben intervenir de manera concreta, tanto a través de sus funciones propias
y de los contenidos curriculares como de las estrategias metodológicas
pertinentes, en el refuerzo de los derechos y deberes explicitados en
este Decreto y en la consecución de un clima escolar adecuado para el
desarrollo de la actividad educativa en el aula y en el centro.
Artículo 19.– El consejo escolar.
Corresponde al consejo escolar del centro en materia de convivencia
escolar:
a) Aprobar anualmente el plan de convivencia y las normas que sobre
esta materia se contemplen en el reglamento de régimen interior.
b) Velar por el correcto ejercicio de los derechos y deberes de los
alumnos, conocer la resolución de los conflictos disciplinarios y
garantizar su adecuación a la normativa vigente.
c) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el
centro, la igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica
de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar
y social.
d) Revisar, a instancia de los padres o tutores legales, las medidas
adoptadas por la dirección del centro en relación con las sanciones
por conductas de los alumnos gravemente perjudiciales para la
convivencia, proponiendo las medidas oportunas.
e) Evaluar y elaborar periódicamente un informe sobre el clima de
convivencia, especialmente sobre los resultados de la aplicación
del plan de convivencia.
Artículo 20.– La comisión de convivencia.
1. En el seno del consejo escolar existirá una comisión de convivencia,
que tendrá como finalidad garantizar la aplicación correcta de lo dispuesto
en este Decreto, colaborar en la planificación de medidas preventivas
y en la resolución de conflictos.
2. En su constitución, organización y funcionamiento se tendrán en
cuenta los siguientes aspectos:
a) En los centros públicos la comisión estará integrada por el director,
el jefe de estudios y un número de profesores, padres y alumnos,
elegidos por cada uno de los sectores de entre sus representantes
en el consejo escolar, atendiendo a los siguientes criterios:
1.º– En las escuelas de educación infantil y colegios de educación
infantil y primaria: dos profesores y cuatro padres, salvo si el
número de unidades es inferior a seis, en cuyo caso se incorporarán
un profesor y dos padres o si el centro tiene sólo una
o dos unidades en los que se constituirá con un padre.
2.º– En los institutos de educación secundaria, institutos de educación
secundaria obligatoria y centros de educación obligatoria:
dos profesores, dos padres y dos alumnos.
3.º– En los centros que imparten enseñanzas de régimen especial:
dos profesores y cuatro alumnos. En aquellos centros en los
que los padres tengan representación en el consejo escolar, la
representación será de dos profesores, dos padres y dos alumnos.
4.º– En los centros específicos de personas adultas: un profesor y
un alumno.
10920 Miércoles, 23 de mayo 2007 B.O.C. y L. - N.º 99
b) Si el coordinador de convivencia no forma parte de la comisión de
convivencia como representante del profesorado en el consejo
escolar, asistirá a sus reuniones con voz pero sin voto.
c) El consejo escolar podrá decidir que asistan a la comisión de convivencia,
con voz pero sin voto, representantes de otros sectores
del mismo o de personas que por su cualificación personal o profesional
puedan contribuir a un mejor cumplimiento de sus fines.
3. Sus funciones y normas de funcionamiento estarán reguladas en el
reglamento de régimen interior. La comisión informará al consejo escolar,
al menos dos veces durante el curso, sobre las actuaciones realizadas
y hará las propuestas que considere oportunas para la mejora de la convivencia
en el centro.
4. En los centros privados concertados la comisión se compondrá de
acuerdo con los criterios que se establezcan por parte de la dirección del
centro, que contemplarán la participación de profesores, padres y alumnos.
Artículo 21.– El claustro de profesores.
1. Corresponde al claustro de profesores proponer medidas e iniciativas
que favorezcan la convivencia en el centro. Estas propuestas serán
tenidas en cuenta en la elaboración del plan de convivencia que anualmente
se apruebe por el consejo escolar.
2. Asimismo, en sus reuniones ordinarias y, si fuera preciso, en reuniones
extraordinarias, conocerá la resolución de conflictos disciplinarios
y la imposición de sanciones y velará para que éstas se atengan a la normativa
vigente.
Artículo 22.– El equipo directivo.
1. Corresponde al equipo directivo fomentar la convivencia escolar, e
impulsar cuantas actividades estén previstas en el plan de convivencia del
centro.
2. Son competencias del director:
a) Favorecer el fomento de la convivencia en el centro, impulsando
el plan de convivencia aprobado por el consejo escolar.
b) Imponer las medidas de corrección que se establecen en el artículo
38 de presente Decreto, que podrá delegar en el jefe de estudios,
en el tutor docente del alumno o en la comisión de convivencia, en
su caso.
c) Garantizar el ejercicio de la mediación y los procesos de acuerdo
reeducativo para la resolución de conflictos según los procedimientos
establecidos para cada uno de ellos en este Decreto.
d) Incoar expedientes sancionadores e imponer, en su caso, las sanciones
que correspondan, sin perjuicio de las competencias atribuidas
al consejo escolar, y según el procedimiento establecido en
este Decreto.
e) Velar por el cumplimiento de las medidas impuestas en sus justos
términos.
3. Corresponde al jefe de estudios:
a) Coordinar y dirigir las actuaciones del coordinador de convivencia,
de los tutores y de los profesores, establecidas en el plan de
convivencia y en el reglamento de régimen interior, relacionadas
con la convivencia escolar.
b) Imponer y garantizar, por delegación del director, las medidas de
corrección y el ejercicio de la mediación y los procesos de acuerdo
reeducativo que se lleven a cabo en el centro.
Artículo 23.– El coordinador de convivencia.
1. En los centros públicos de Castilla y León que impartan enseñanzas
completas de educación infantil y primaria, educación secundaria
obligatoria, bachillerato o formación profesional el director designará,
entre los miembros del claustro, un coordinador de convivencia, quien
colaborará con el jefe de estudios en la coordinación de las actividades
previstas para la consecución de los objetivos del plan de convivencia.
2. En los centros privados concertados que impartan las enseñanzas
citadas en el apartado anterior, los directores podrán designar, entre los
profesores del centro, un coordinador de convivencia, que tendrá las mismas
funciones ya indicadas.
3. El profesor coordinador de convivencia participará en la comisión
de convivencia de los centros públicos, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 20.2.b) de este Decreto.
Artículo 24.– Los tutores docentes.
1. Corresponde a los tutores, en el ámbito del plan de acción tutorial,
la coordinación de los profesores que imparten docencia al grupo de
alumnos de su tutoría, mediando entre profesores, alumnos y familias o
tutores legales.
2. Los tutores impulsarán las actuaciones que se lleven a cabo, dentro
del plan de convivencia, con el alumnado del grupo de su tutoría.
3. El tutor tendrá conocimiento de las actuaciones inmediatas y medidas
adoptadas por los profesores que imparten docencia en su grupo de
tutoría, con el objeto de resolver los conflictos y conseguir un adecuado
marco de convivencia que facilite el desarrollo de la actividad educativa.
Artículo 25.– Los profesores.
Los profesores, dentro del aula o en el desarrollo de sus actividades
complementarias o extraescolares, llevarán a cabo las actuaciones inmediatas
previstas en el artículo 35 de este Decreto, y en el marco de lo establecido
en el reglamento de régimen interior.


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