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Legislación básica
 

Ley de Cantabria 6/2008, de 26 de diciembre, de Educación
de Cantabria.
PARTE I


EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Conózcase que el Parlamento de Cantabria ha aprobado
y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 15.2º del Estatuto de
Autonomía para Cantabria, promulgo la siguiente:
LEY DE CANTABRIA 6/2008, DE 26 DE DICIEMBRE,
DE EDUCACIÓN DE CANTABRIA
ÍNDICE
PREÁMBULO
TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Principios y líneas de actuación
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Artículo 2. Principios.
Artículo 3. Líneas prioritarias de actuación.
CAPÍTULO II
La organización de las enseñanzas y el aprendizaje a lo
largo de la vida
Artículo 4. Las enseñanzas.
Artículo 5. El aprendizaje a lo largo de la vida.
Artículo 6. Zonas educativas.
CAPÍTULO III
Currículo
Artículo 7. El currículo.
Artículo 8. Principios que orientan el currículo.
Artículo 9. Competencias básicas.
Artículo 10. Cultura de Cantabria.
CAPÍTULO IV
Cooperación con otras Administraciones, instituciones,
asociaciones y entidades
SECCIÓN 1ª. ASPECTOS GENERALES
Artículo 11. Colaboración con otras Administraciones,
instituciones, asociaciones y entidades.
SECCIÓN 2ª. COOPERACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN Y LAS CORPORACIONES LOCALES
Artículo 12. Marco de la cooperación.
Artículo 13. Cooperación con las corporaciones locales.
Artículo 14. Construcción de centros educativos.
Artículo 15. Uso de centros educativos.
Artículo 16. Colaboración en la implantación de enseñanzas
artísticas.
Artículo 17. Creación de centros educativos de titularidad
municipal.
Artículo 18. Cooperación en la prestación del servicio
educativo y en la realización de actividades complementarias.
SECCIÓN 3ª. COOPERACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN Y LAS UNIVERSIDADES
Artículo 19. Cooperación con las universidades.
SECCIÓN 4ª. COOPERACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES EDUCATIVAS
Artículo 20. Concertación de políticas educativas.
Artículo 21. Programas de cooperación territorial.
Artículo 22. Oferta y recursos educativos.
TÍTULO I. Las enseñanzas y su ordenación
CAPÍTULO I
Educación infantil
Artículo 23. Principios generales.
Artículo 24. Objetivos y ordenación.
Artículo 25. Principios pedagógicos.
Artículo 26. Evaluación.
Artículo 27. Coordinación entre las etapas de Educación
infantil y Educación primaria.
Artículo 28. Oferta de plazas y gratuidad.
CAPÍTULO II
Educación básica
Artículo 29. Principios generales.
SECCIÓN 1ª. LA EDUCACIÓN PRIMARIA
Artículo 30. Principios generales y objetivos de la
Educación primaria.
Artículo 31. Organización.
Artículo 32. Principios pedagógicos.
Artículo 33. Evaluación.
Artículo 34. Coordinación entre las etapas de Educación
primaria y Educación secundaria obligatoria.
SECCIÓN 2ª. LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Artículo 35. Principios generales, objetivos y organización
de la Educación secundaria obligatoria.
Artículo 36. Principios pedagógicos.
Artículo 37. Programas de diversificación curricular.
Artículo 38. Evaluación, promoción y titulación.
Artículo 39. Programas de cualificación profesional inicial.
Artículo 40. Transición entre la etapa de Educación
secundaria obligatoria y estudios postobligatorios.
CAPÍTULO III
Bachillerato
Artículo 41. Principios generales, objetivos y organización
del Bachillerato.
Artículo 42. Principios pedagógicos.
Artículo 43. Transición entre el Bachillerato y otras
enseñanzas de educación superior.
Artículo 44. Evaluación, promoción, titulación y acceso
a la universidad.
CAPÍTULO IV
Formación profesional
Artículo 45. Principios generales.
Artículo 46. Finalidades de estas enseñanzas.
Artículo 47. Objetivos.
Artículo 48. Actuaciones.
Artículo 49. Condiciones de acceso.
Artículo 50. Transición entre las enseñanzas de
Formación profesional inicial y estudios posteriores.
Artículo 51. Contenido y organización de la oferta.
Artículo 52. Consejo de Formación Profesional de
Cantabria.
Artículo 53. Centros integrados de Formación profesional.
Artículo 54. Centros de referencia nacional.
Artículo 55. Evaluación, títulos y convalidaciones.
Artículo 56. Cursos para una mayor especialización.
Artículo 57. Colaboración con la Universidad de
Cantabria.
Artículo 58. Colaboración con las empresas.
Artículo 59. Enseñanza a distancia.
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CAPÍTULO V
Enseñanzas de régimen especial
Artículo 60. Potenciación de las enseñanzas de régimen
especial.
Artículo 61. Consejo de enseñanzas de Régimen
Especial.
SECCIÓN 1ª. ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
Artículo 62. Régimen jurídico de las enseñanzas artísticas.
Artículo 63. Correspondencia de las enseñanzas artísticas
con otras enseñanzas.
Artículo 64. Organización de las enseñanzas artísticas
superiores.
SECCIÓN 2ª. ENSEÑANZAS DE IDIOMAS
Artículo 65. Organización de las enseñanzas de idiomas.
Artículo 66. Escuelas oficiales de idiomas.
Artículo 67. Impartición del Nivel Básico de las enseñanzas
de idiomas.
Artículo 68. Evaluación.
Artículo 69. Certificados y correspondencia de las enseñanzas
de idiomas con otras enseñanzas.
SECCIÓN TERCERA. ENSEÑANZAS DEPORTIVAS
Artículo 70. Régimen jurídico.
CAPÍTULO VI
Educación de personas adultas
Artículo 71. Principios generales.
Artículo 72. Objetivos.
Artículo 73. Organización.
Artículo 74. Enseñanza básica.
Artículo 75. Enseñanzas postobligatorias.
Artículo 76. Otras enseñanzas.
Artículo 77. Centros y modalidades de enseñanza.
Artículo 78. Redes de aprendizaje permanente.
TÍTULO II
Equidad en la educación
CAPÍTULO I
La atención a la diversidad
SECCIÓN 1ª. CONCEPTO Y PRINCIPIOS
Artículo 79. Concepto.
Artículo 80. Principios generales de actuación.
SECCIÓN 2ª. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Artículo 81. Concepto.
Artículo 82. Definición de medidas ordinarias, específicas
y extraordinarias.
SECCIÓN 3ª. PLANES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Artículo 83. Concepto y finalidad.
Artículo 84. Elaboración y desarrollo del Plan de
Atención a la Diversidad.
CAPÍTULO II
Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo
Artículo 85. Principios generales.
Artículo 86. Planes y programas específicos para el
alumnado con integración tardía en el sistema educativo
español.
CAPÍTULO III
Compensación de las desigualdades en educación
Artículo 87. Principios generales.
CAPÍTULO IV
Escolarización en centros públicos y privados concertados
Artículo 88. Escolarización.
CAPÍTULO V
Servicios complementarios
Artículo 89. Concepto y clases de servicios complementarios.
Artículo 90. Residencias escolares y escuelashogar.
Artículo 91. Gratuidad o reducción del precio público de
los servicios complementarios.
TÍTULO III. La orientación educativa
CAPÍTULO I
Aspectos generales
Artículo 92. Concepto.
Artículo 93. Finalidad.
Artículo 94. Principios generales.
CAPÍTULO II
Estructura y organización de la orientación educativa
SECCIÓN 1ª. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN
Artículo 95. Niveles de actuación.
Artículo 96. La acción tutorial.
Artículo 97. La intervención especializada.
Artículo 98. El asesoramiento específico.
SECCIÓN 2ª. COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES
Artículo 99. Coordinación de las estructuras generales
de orientación.
TÍTULO IV. Comunidad educativa
CAPÍTULO I
Aspectos generales
Artículo 100. Comunidad educativa.
Artículo 101. Responsabilidad compartida.
CAPÍTULO II
Alumnado
Artículo 102. Derechos y deberes del alumnado.
Artículo 103. Participación, implicación y colaboración
del alumnado.
Artículo 104. Medidas de fomento del asociacionismo.
CAPÍTULO III
Familias
Artículo 105. Derechos y deberes de las familias.
Artículo 106. Participación, implicación y colaboración
de las familias.
Artículo 107. Medidas de fomento del asociacionismo.
CAPÍTULO IV
Profesorado
Artículo 108. Profesorado de las distintas enseñanzas.
CAPÍTULO V
Personal de administración y servicios, y otros profesionales
que proporcionan atención educativa al alumnado.
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Artículo 109. Personal de administración y servicios, y
otros profesionales que proporcionan atención educativa
al alumnado.
Artículo 110. Participación del personal de administración
y servicios, y de otros profesionales que proporcionan
atención educativa al alumnado.
TÍTULO V. Formación del profesorado y reconocimiento
y valoración de la función docente
Artículo 111. Carácter de la formación del profesorado.
CAPÍTULO I.
Formación inicial del profesorado
Artículo 112. Formación inicial.
Artículo 113. Incorporación a la docencia en centros
públicos.
CAPÍTULO II
Formación permanente del profesorado
Artículo 114. Objeto y contenido.
Artículo 113. Finalidades.
Artículo 116. Principios básicos del modelo de formación
permanente.
Artículo 117. Planificación de la formación permanente
del profesorado.
Artículo 118. La formación permanente en centros públicos.
CAPÍTULO III
Reconocimiento, apoyo y valoración del profesorado
Artículo 119. Reconocimiento y apoyo al profesorado.
Artículo 120. Medidas para el profesorado de centros
públicos.
Artículo 121. Prevención de riesgos laborales.
Artículo 122. Evaluación de la función pública docente.
TÍTULO VI. Centros docentes
CAPÍTULO I
Principios generales
Artículo 123. Régimen jurídico.
Artículo 124. Los centros docentes como referente educativo
y social.
Artículo 125. Medios materiales y humanos en los centros
públicos.
Artículo 126. Bibliotecas escolares en los centros públicos.
TÍTULO VII. Participación, autonomía y gobierno de los
centros
CAPÍTULO I
Participación en el funcionamiento y el gobierno de los
centros
Artículo 127. Régimen jurídico.
CAPÍTULO II
Autonomía de los centros
SECCIÓN 1ª. ASPECTOS GENERALES
Artículo 128. Disposiciones generales.
Artículo 129. Recursos.
Artículo 130. Proyecto de gestión de los centros públicos.
Artículo 131. Organización y funcionamiento.
SECCIÓN 2ª. PROYECTO EDUCATIVO Y PROYECTO CURRICULAR
Artículo 132. Proyecto educativo.
Artículo 133. Proyecto curricular.
Artículo 134. Programación general anual.
CAPÍTULO III
Órganos colegiados de gobierno y de coordinación
docente de los centros públicos
SECCIÓN 1ª. CONSEJO ESCOLAR Y CLAUSTRO DE PROFESORES
Artículo 135. Régimen jurídico.
SECCIÓN 2ª. OTROS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE
Artículo 136. Órganos de coordinación docente.
Artículo 137. El tutor.
Artículo 138. Equipos docentes.
Artículo 139. Equipos de ciclo.
Artículo 140. El orientador en Educación infantil y
Educación primaria.
Artículo 141. Departamentos de coordinación didáctica.
CAPÍTULO IV
Dirección de los centros públicos
Artículo 142. Régimen jurídico.
TÍTULO VIII. Evaluación del sistema educativo
Artículo 143. Finalidad de la evaluación.
Artículo 144. Ámbito de la evaluación.
Artículo 145. Características de la evaluación.
Artículo 146. Organismos responsables de la evaluación.
Artículo 147. Evaluación general del sistema educativo.
Artículo 148. Evaluaciones generales de diagnóstico.
Artículo 149. Evaluación de los centros y de los servicios
y apoyos educativos complementarios.
Artículo 150. Evaluación de la función directiva.
Artículo 151. Difusión del resultado de las evaluaciones.
TÍTULO IX. Inspección del sistema educativo
Artículo 152. Inspección del sistema educativo.
CAPÍTULO I
Inspección educativa
Artículo 153. Funciones de la inspección educativa.
CAPÍTULO II
Estructura, organización y funcionamiento
Artículo 154. Estructura, organización y funcionamiento
de la inspección educativa.
Artículo 155. Planes de actuación.
Artículo 156. Formación.
Artículo 157. Evaluación.
Disposición adicional primera. Contratación de profesores
especialistas en los centros docentes públicos no universitarios.
Disposición adicional segunda. Calendario y jornada
escolar.
Disposición adicional tercera. Ingreso y promoción
interna.
Disposición adicional cuarta. Administración educativa
electrónica.
Disposición adicional quinta. Calidad de los servicios
educativos.
Disposición transitoria única. Aplicación de las normas
reglamentarias.
Disposición derogatoria única. Derogación Normativa.
Disposición final primera. Desarrollo de la presente Ley.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
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PREÁMBULO
La Constitución española, en su artículo 27, proclama el
derecho a la educación de todas las personas, así como
la naturaleza y principios en los que se apoya este derecho.
La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del
derecho a la educación, desarrolla los principios y declaraciones
que, en materia de educación, establece el
citado artículo 27 de la Constitución española.
El artículo 28.1 del Estatuto de Autonomía para
Cantabria, aprobado por la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de
diciembre, atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia
de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza
en toda su extensión, niveles, grados, modalidades
y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el mencionado
artículo 27 de la Constitución, sin perjuicio de las
facultades que se atribuyen al Estado y a la Alta
Inspección para su cumplimiento y garantía. Asimismo, en
virtud de la asunción de competencias educativas transferidas
mediante el Real Decreto 2671/1998, de 11 de
diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de
Cantabria en materia de enseñanza no universitaria, y el
Decreto 7/1999, de 28 de enero, de asunción de funciones
y servicios transferidos y su atribución a órganos de
la Administración Autonómica de Cantabria, el Consejo de
Gobierno de Cantabria atribuye las competencias, funciones
y servicios asumidos por la Comunidad Autónoma de
Cantabria en materia de enseñanza no universitaria a la
Consejería de Educación.
La Comunidad Autónoma de Cantabria, en uso de sus
competencias, ha aprobado la Ley de Cantabria 3/1999,
de 24 de marzo, de Consejos Escolares de Cantabria, con
el fin de organizar y potenciar la participación de la sociedad
cántabra en la programación general de la enseñanza
no universitaria, democratizando la gestión educativa y
sometiéndola al necesario control social.
El complejo contexto global en el que se desarrolla la
sociedad contemporánea condiciona las acciones e intervenciones
que deben ponerse en marcha en el ámbito
educativo. Los cambios sustanciales y acelerados que se
producen, de manera especial desde el último cuarto del
siglo pasado, requieren, a su vez, cambios importantes en
la formación de los ciudadanos. Esta formación debe contribuir
a formar personas capaces de comprender el
mundo e intervenir en él de forma crítica, autónoma, participativa
y responsable, y, además, debe favorecer la
cohesión social y la superación de las desigualdades. En
este sentido, hacer efectivo el derecho a la educación en
el presente siglo implica promover nuevos objetivos educativos
y disponer de los medios necesarios para alcanzarlos.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, establece
un nuevo marco de legislación educativa que sienta las
bases para hacer frente a los importantes desafíos que la
educación tiene ante sí, con el fin de formar ciudadanos
que adquieran y desarrollen las capacidades, conocimientos,
competencias, habilidades, estrategias y valores
necesarios para desenvolverse adecuadamente en una
sociedad globalizada y en constante cambio.
En este contexto, se hace necesaria una adecuación y
actualización de las políticas educativas de Cantabria y,
consecuentemente, la elaboración de una Ley de
Educación para esta Comunidad Autónoma que, teniendo
en cuenta los nuevos retos que plantea la sociedad del
conocimiento, posibilite la planificación y el desarrollo de
un sistema educativo acorde con la realidad social y cultural
de esta Comunidad Autónoma y con el modelo educativo
propuesto por la Consejería de Educación.
En el marco de dicho modelo educativo, durante los últimos
años se ha avanzado en la gestión de la educación
como servicio público, desarrollándose en esta
Comunidad Autónoma importantes planes, programas y
proyectos que han incidido positivamente en el alumnado,
las familias y los centros educativos. Este avance se ha
materializado en un importante incremento del gasto en
educación: más centros y con más recursos; más profesorado
(sobre todo en aquellos ámbitos relacionados con
la escolarización temprana, la atención a la diversidad o la
superación de las desigualdades sociales); una atención
más personalizada al alumnado; mejores servicios educativos;
y la progresiva gratuidad de los materiales didácticos,
entre otros.
No obstante lo anterior, el sistema educativo de
Cantabria, abierto a la cooperación y colaboración con
todos los agentes, instituciones y entidades relacionadas
con la educación, debe seguir avanzando para hacer
frente a las nuevas demandas de la sociedad y, al mismo
tiempo, converger con los sistemas educativos más desarrollados.
Asimismo, ha de respetar el mandato normativo
establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
educación, y tener en cuenta tanto los Objetivos Europeos
establecidos en la Agenda de Lisboa 2010 como los resultados
de las distintas evaluaciones de ámbito regional,
estatal y europeo.
Considerando el marco anteriormente expuesto y superados
importantes objetivos educativos como la escolarización
en la edad obligatoria, es necesario continuar
desarrollando en esta Comunidad Autónoma actuaciones
que posibiliten la mejora continua del sistema educativo
en relación con las nuevas demandas sociales y los nuevos
retos profesionales. Entre ellas, podemos destacar: la
escolarización en edades tempranas; el fortalecimiento de
las competencias básicas en la educación obligatoria; la
atención a la diversidad del alumnado, no sólo de capacidades,
sino también de culturas, intereses, actitudes y
posibilidades, con especial atención al alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo; el desarrollo de
actuaciones relacionadas con la compensación de desigualdades
en educación; el desarrollo de la competencia
plurilingüe y pluricultural del alumnado, como una de las
actuaciones esenciales para favorecer el desarrollo de la
competencia en comunicación lingüística; la mejora de la
competencia lectora y escritora, y del aprendizaje de las
matemáticas; la integración curricular de las tecnologías
de la información y la comunicación; la educación para la
sostenibilidad; la evaluación y autoevaluación del sistema
educativo; la potenciación del capital social y cultural
externo y la creación de redes de apoyo que hagan posible
que la educación sea una tarea compartida; el incremento
de la tasa de alumnado titulado en Educación
secundaria obligatoria y la mejora de su índice de idoneidad;
el aumento del índice de titulados en Educación
secundaria postobligatoria entre las edades de veinte y
veinticuatro años; la disminución del desequilibrio entre
hombres y mujeres en los estudios de ciencias, matemáticas
y tecnología; la educación para superar desigualdades
de sexo; el impulso de la Formación profesional; y el
incremento del porcentaje de adultos que recibe formación
permanente. Todo ello, con la finalidad de consolidar
un sistema educativo encaminado a conseguir el éxito
educativo de todo el alumnado, entendido como un concepto
que va más allá del éxito escolar o del éxito académico.
Dicho éxito educativo implica una atención al desarrollo
integral del alumno como persona, atendiendo no
sólo a los aspectos intelectuales, sino también a aquellos
otros aspectos que inciden en su desarrollo personal y
social. Todo ello hace necesario que los alumnos se sientan
bien acogidos, atendidos, valorados y ayudados
humana, social y culturalmente en los centros educativos
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y que adquieran
una formación que les prepare como individuos y
como ciudadanos.
La envergadura de este reto precisa de la colaboración
de todos los miembros de la comunidad educativa y de la
sociedad en su conjunto. En este sentido, se hace necesario
que la Ley de Educación para Cantabria, documento
normativo que recoge las intenciones, objetivos y actuaciones
mencionadas con anterioridad, alcance un alto
BOC - Número 251 Martes, 30 de diciembre de 2008 Página 17751
grado de consenso entre toda la ciudadanía. Por ello, la
Consejería de Educación publicó en enero de 2007 el
documento “Propuesta para el debate de una Ley de
Educación para Cantabria”, con el propósito de analizar la
situación del sistema educativo de Cantabria e impulsar el
debate social sobre las iniciativas que se proponían para
mejorarlo. En el proceso de discusión y diálogo posterior
han participado los centros educativos, profesorado, familias,
alumnado, administraciones, Universidad, asociaciones,
entidades, instituciones y particulares que decidieron
manifestar su opinión sobre el contenido del citado documento
y aportar sus sugerencias y nuevas propuestas
ante dichas iniciativas. Este amplio debate ha permitido a
la sociedad cántabra manifestarse sobre qué modelo educativo
es el más adecuado para Cantabria a comienzos
del siglo XXI. Asimismo, ha resultado fundamental para
identificar los principios y actuaciones que deben sustentar
el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
En este sentido, cuatro son los principios fundamentales
que orientan esta Ley de Educación para Cantabria. El
primero consiste en la búsqueda de la equidad y la justicia
social. Con independencia del origen social, cultural,
de sexo, económico y étnico, la escuela cántabra debe
ofrecer a todos los ciudadanos la igualdad de oportunidades
que compensen, en su caso, las desigualdades respecto
al acceso, la permanencia y la promoción en el sistema
educativo, de modo que cada individuo pueda llegar
al máximo de sus posibilidades en el desarrollo personal,
social y profesional. En relación con este principio,
merece especial consideración la escuela rural de
Cantabria, a la que deberá dotarse de los recursos necesarios
para garantizar la igualdad de oportunidades, salvaguardando
la singularidad e importancia del papel que
ha desempeñado y debe seguir desempeñando el ámbito
rural en el desarrollo de la Comunidad Autónoma de
Cantabria. La búsqueda de la igualdad y el progreso educativo
debe conjugarse con la consideración de la diversidad
del alumnado, entendida en sentido amplio, en
cuanto a capacidades, intereses, motivaciones, condiciones
socioeconómicas o de culturas, con prácticas, iniciativas
y estrategias que eduquen, integren e incluyan a
todos.
El segundo principio se basa en la autonomía y la participación.
Afrontar actualmente el desafío de formar personas
autónomas, que sepan comprender y actuar en el
mundo actual, requiere inevitablemente que los propios
docentes puedan actuar con un margen de autonomía.
Ello supone poder seleccionar aquellos contenidos del
currículo, métodos de enseñanza, experiencias de aprendizaje,
sistemas y estrategias de evaluación y modelos
organizativos que provoquen en cada individuo aprendizajes
significativos y relevantes, y el desarrollo autónomo
de su propia identidad y de su propio proyecto personal,
social y profesional. Se necesita un esfuerzo importante
para ir consolidando culturas de centro en las que sean
realidad acciones colectivas y de colaboración como reflexionar,
contrastar puntos de vista, tomar decisiones,
adoptar acuerdos y revisar la práctica educativa.
El tercer principio es el de la cooperación, respeto y
entendimiento, y se refiere a impulsar capacidades y actitudes
relacionadas con dicho principio, para que puedan
establecerse en el ámbito familiar, social y profesional
interacciones satisfactorias, enriquecedoras y solidarias
entre personas y grupos. No obstante, el aprendizaje de la
convivencia y de la ciudadanía, al igual que la corresponsabilidad
y el esfuerzo compartido, no pueden ser responsabilidad
sólo de los centros y de la comunidad educativa,
sino que debe ser también un compromiso social.
En este sentido, el cuarto principio es el de la responsabilidad
y el control democrático. La responsabilidad y el
esfuerzo compartido por la calidad de los procesos educativos
ha de exigirse a todos los agentes involucrados en
el mismo: estudiantes, docentes, familias y administración.
Por otra parte, el control democrático de la calidad
de la educación como servicio público requiere, entre
otros aspectos, sistemas y procedimientos de evaluación
y autoevaluación, fundamentalmente para favorecer los
procesos de mejora y perfeccionamiento del mismo en
beneficio de la ciudadanía.
Los principios expuestos deben impregnar todos los
elementos del sistema educativo y estar inmersos en las
actuaciones, planes, programas y proyectos que se desarrollen
en los centros educativos.
La presente Ley de Educación pretende, por tanto,
mejorar el sistema educativo cántabro, con la finalidad de
que todos los ciudadanos reciban una educación de calidad,
en la que se hagan explícitos los principios y actuaciones
expuestos con anterioridad.
De acuerdo con esta finalidad, la Ley se estructura en
un Título Preliminar, nueve Títulos, tres Disposiciones adicionales,
una Disposición transitoria, una Disposición
derogatoria y dos Disposiciones finales.
El Título Preliminar define el sistema educativo de
Cantabria, haciendo referencia a la organización de las
enseñanzas y el aprendizaje a lo largo de la vida, y a la
definición y organización del currículo. Asimismo, en el
marco de los principios y fines que se recogen en esta
Ley, se señalan las actuaciones que constituyen las prioridades
de la Consejería de Educación. Este mismo
Título, finalmente, trata de la cooperación de la Consejería
de Educación con otras Administraciones, instituciones,
asociaciones y entidades para la consecución de dichos
fines, teniendo en cuenta los mencionados principios.
En el Título I se establece la ordenación de las enseñanzas
que se imparten en el sistema educativo cántabro.
La etapa de Educación infantil es el primer tramo de enseñanzas
de nuestro ordenamiento educativo y se estructura
en dos ciclos, el primero de los cuales comprende
hasta los tres años y el segundo desde los tres hasta los
seis años. Pese a su carácter no obligatorio, se trata de
una etapa relevante desde el punto de vista educativo,
que obliga a los centros a contar con una propuesta pedagógica.
En esta etapa se deberá poner especial atención
en la detección temprana de necesidades educativas para
su atención y en la aplicación de medidas dirigidas a compensar
los factores que dificulten el desarrollo del niño. La
finalidad principal de esta etapa es la de contribuir al desarrollo
físico, afectivo, social e intelectual de los niños, en
un período crucial para la formación de la persona.
La enseñanza básica tiene carácter obligatorio y gratuito,
desarrollándose de forma regular entre los seis y los
dieciséis años, y se estructura en dos etapas: la
Educación primaria y la Educación secundaria obligatoria.
La enseñanza básica tiene como finalidad el desarrollo y
la adquisición de las competencias básicas por parte del
alumnado, por lo que debe considerarse este periodo de
escolaridad obligatoria como un solo tramo educativo que
continúa y consolida los aprendizajes iniciados en la
Educación infantil. En la enseñanza básica se deben conciliar
dos principios fundamentales: el principio de una
educación común y el de la atención a la diversidad del
alumnado. Es necesario por tanto, poner énfasis en la
atención a las dificultades de aprendizaje tan pronto como
se produzcan y en la relación con las familias. La
Educación primaria es la primera etapa de la enseñanza
básica y comprende seis cursos académicos; en ella se
deben afianzar tanto el desarrollo personal de todo el
alumnado y su propio bienestar como la adquisición de los
aprendizajes básicos establecidos para estas edades. Por
ello, será necesario priorizar el desarrollo de aspectos
básicos, como la potenciación de la competencia lectora y
escritora, y de la matemática. La Educación secundaria
obligatoria es la última etapa de la enseñanza básica y
comprende cuatro cursos, que normalmente se cursan
entre los doce y los dieciséis años. Esta etapa se orientará,
desde el conjunto de las materias, a la consecución
de las competencias básicas. Al finalizar esta etapa, los
alumnos podrán obtener el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria. En la enseñanza
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básica se prevé una evaluación de diagnostico de las
competencias básicas alcanzadas por el alumno al finalizar
el segundo ciclo de la Educación primaria y otra, al
finalizar el segundo curso de la Educación secundaria
obligatoria.
El Bachillerato comprende dos cursos académicos y se
estructura en tres modalidades diferentes organizadas de
forma flexible. Los alumnos con evaluación positiva en
todas las materias obtendrán el título de Bachiller. La finalidad
principal del Bachillerato es proporcionar a los alumnos
formación, madurez intelectual y humana, conocimientos
y habilidades que les permitan desarrollar
funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad
y competencia, así como capacitar a los
alumnos para acceder a la educación superior.
La Formación profesional en el sistema educativo de
Cantabria comprende un conjunto de ciclos formativos de
grado medio y grado superior con una organización
modular y tiene como finalidad preparar a los alumnos
para la actividad cualificada en un determinado campo
profesional, así como contribuir a su desarrollo profesional
y al ejercicio de una ciudadanía democrática. Se introduce
una mayor flexibilidad en el acceso, así como las relaciones
entre los distintos subsistemas de la Formación profesional.
Las enseñanzas artísticas tienen por finalidad proporcionar
al alumnado una formación artística de calidad y
garantizar la cualificación de los futuros profesionales de
la música, de la danza, del arte dramático, de las artes
plásticas y diseño. Esta Ley incluye, por una parte, las
enseñanzas elementales y profesionales de música y
danza, las enseñanzas profesionales de artes plásticas y
diseño y, por otra, regula y organiza las enseñanzas artísticas
superiores.
Esta Ley también regula las enseñanzas de idiomas,
que tienen por objeto preparar al alumnado para el uso
adecuado de los diferentes idiomas fuera de las etapas
ordinarias del sistema educativo, adecuándolas a los niveles
recomendados por el Consejo de Europa, y las enseñanzas
deportivas que tienen por finalidad preparar al
alumnado para la actividad profesional en relación con
una modalidad o especialidad deportiva, a la vez que facilitar
su adaptación a la evolución del mundo laboral y
deportivo, y a la ciudadanía activa.
El Título I dedica su último capítulo a la educación de
las personas adultas. Ésta constituye un tramo educativo
de importancia creciente en la sociedad actual, una sociedad
del conocimiento, en la que es evidente la importancia
de una actualización y un aprendizaje continuos a lo
largo de toda la vida. De este modo, la educación de personas
adultas ha ampliado su finalidad original, encaminándose
hacia el concepto de aprendizaje a lo largo de
toda la vida.
La adecuada respuesta educativa a todos los alumnos,
desde el marco de la equidad, se recoge en el Título II.
Todos los agentes educativos deben contribuir, desde el
compromiso y la responsabilidad, a la búsqueda de una
educación inclusiva e integradora, más justa y de mejor
calidad, a través de prácticas y medidas que permitan el
acceso, la permanencia y la promoción de todo el alumnado
en el sistema educativo en las mejores condiciones,
atendiendo a sus distintas necesidades, capacidades,
motivaciones e intereses. La educación debe ser un elemento
compensador de las desigualdades derivadas de
factores sociales, económicos, culturales, geográficos,
étnicos o de otra índole, que garantice que al terminar la
educación básica todos los alumnos puedan participar en
la sociedad como individuos autónomos, críticos y responsables.
Asimismo, en dicho Título se recoge el modelo de atención
a la diversidad de la Consejería de Educación, entendida
como el conjunto de acciones educativas que intentan
dar respuesta a las necesidades, intereses,
motivaciones y capacidades de todos los alumnos, con el
fin de que puedan alcanzar el máximo desarrollo posible
de sus capacidades personales y sociales. En dicho
Título, además de explicitarse el concepto de atención a
la diversidad referido anteriormente, se establecen los
principios generales de actuación, las diferentes medidas
de atención a la diversidad y los correspondientes planes
que, a tal efecto, deben elaborar y desarrollar los centros
educativos. Finalmente, se dedican capítulos al alumnado
con necesidades específica de apoyo educativo, a la compensación
de desigualdades en educación, a la escolarización
en centros públicos y privados concertados, y a
los servicios complementarios.
El Título III aborda otro aspecto fundamental en la educación:
la orientación educativa, como elemento esencial
que contribuye al desarrollo personal y social del alumnado.
Así entendida, la orientación incide en la personalización
de los procesos de enseñanza y aprendizaje y en
la educación integral del alumnado. En este sentido, dicho
Título determina los aspectos generales de dicha orientación
y regula la estructura y organización de la misma. El
modelo de orientación que se establece se basa en una
responsabilidad compartida del conjunto de los docentes,
vinculada a la acción tutorial, la intervención especializada
y el asesoramiento específico.
Por su parte, el Título IV se dedica a la comunidad educativa.
Está estructurado en cinco capítulos. El primero
establece aspectos generales acerca de la comunidad
educativa, abordando de manera especial la responsabilidad
compartida de todos sus miembros. Cada uno de los
cuatro capítulos restantes se ocupa de un sector de la
comunidad educativa. De este modo, el segundo capítulo
de este Título está dedicado al alumnado, refiriéndose a
sus derechos y deberes, así como a sus cauces de participación,
implicación y colaboración. El tercero, se centra
en las familias, recogiendo la participación, implicación y
colaboración de las mismas en los centros y en los procesos
educativos, así como sus derechos y deberes. El
capítulo cuarto se dedica al profesorado, refiriéndose a
sus funciones y a los requisitos para impartir las distintas
enseñanzas. El capítulo quinto se ocupa del personal de
administración y servicios y de otros profesionales que
proporcionan atención educativa al alumnado.
El Título V está dedicado a la formación del profesorado
y al reconocimiento y valoración de la función docente. La
tarea educativa no se concibe en un sentido artesanal ni
técnico, sino que el profesor se entiende como un intelectual
crítico que se desenvuelve en un contexto enormemente
complejo y que reflexiona sobre las implicaciones
de su propia práctica profesional a la par que la reconstruye
de forma permanente, en la medida en que toma
conciencia de la relevancia de su papel y de las implicaciones
éticas y sociales de su labor. Para llevar a cabo su
tarea, el profesorado debe disponer de una formación inicial
y permanente, ancladas no sólo en el conocimiento
científico sino también en el conocimiento de los procesos
educativos y pedagógicos y en las aportaciones de la
Filosofía, la Psicología y la Sociología. Por otra parte, el
Título trata del reconocimiento, apoyo y valoración social
de la función docente.
El Título VI trata de los centros docentes, considerados
un referente educativo y social, y, entre otros aspectos, de
los medios materiales y humanos en los centros públicos
así como la importancia de las bibliotecas escolares.
El Título VII se centra en la participación, autonomía y
gobierno de los centros. La participación se define como
un valor básico para la formación de ciudadanos autónomos,
libres, responsables y comprometidos. En este sentido,
se hace necesaria una participación activa y responsable
de la comunidad educativa en la organización, el
gobierno y el funcionamiento de los centros educativos.
Dicha participación se entiende como un diálogo permanente
y abierto entre todos sus integrantes, desde la perspectiva
de la colaboración y del respeto mutuo. Por su
parte, la autonomía de los centros se concibe desde distintos
puntos de vista: pedagógico, a través de la elabora
BOC - Número 251 Martes, 30 de diciembre de 2008 Página 17753
ción de los proyectos educativos; organizativo; y de gestión
económica de los recursos. Esta autonomía debe
estar íntimamente ligada a la responsabilidad profesional
y a procesos continuos de evaluación y autoevaluación,
teniendo en cuenta que a mayor libertad, mayor responsabilidad.
Asimismo, dicho Título se refiere a los órganos
colegiados de gobierno y de coordinación docente de los
centros públicos así como a la dirección de dichos centros.
El Título VIII aborda la evaluación. El propósito fundamental
de la evaluación educativa es proporcionar a todos
los agentes implicados en el sistema educativo la información
fiable y suficiente para fundamentar sus juicios,
decisiones, prácticas y políticas de enseñanza que favorezcan
el aprendizaje de los alumnos y que contribuyan a
formar ciudadanos autónomos, críticos, participativos y
responsables.
El Título IX se dedica a la inspección educativa, estableciendo
sus funciones, estructura, organización y funcionamiento,
así como las atribuciones de los inspectores.
Asimismo, se determina, entre otros aspectos, que la
Consejería de Educación en sus planes de formación permanente
incluya actividades que contribuyan a su perfeccionamiento
y actualización profesional.
Las Disposiciones adicionales se refieren a la contratación
de profesores especialistas en los centros docentes
públicos no universitarios; al calendario y jornada escolar,
y al ingreso y promoción interna.
La Disposición transitoria única está referida a la aplicación
de las normas reglamentarias.
Asimismo, como se ha expuesto anteriormente, se
recogen en la presente Ley una Disposición derogatoria
única y dos Disposiciones finales. Estas últimas se refieren
a las competencias para su desarrollo reglamentario y
a la entrada en vigor de esta Ley.
Por último, deben señalarse dos aspectos importantes
desde el punto de vista formal, en relación con la elaboración
del texto de la presente Ley. En primer lugar, la utilización
del masculino aplicado a personas, cargos o actividades
se emplea para designar a individuos de ambos
sexos, sin que dicho uso comporte intención discriminatoria
alguna. Esta opción lingüística tiene como única finalidad
facilitar la lectura de la norma y lograr una mayor economía
en la expresión. En segundo lugar, cabe destacar
que la técnica legislativa por la que se ha optado en la elaboración
de esta Ley, acorde con la distribución constitucional
de competencias, ha sido la del reenvío o remisión,
con carácter general, a la legislación orgánica y básica,
manteniendo únicamente aquellos preceptos precisos
para dotar de sentido e inteligibilidad al texto, desarrollando,
asimismo, todos aquellos aspectos en los que el
bloque de constitucionalidad atribuye la competencia a la
Comunidad Autónoma de Cantabria.
TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
PRINCIPIOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Ley tiene por objeto regular el sistema
educativo de Cantabria, en ejercicio de las competencias
propias de la Comunidad Autónoma de Cantabria y en el
marco de las bases establecidas para el sistema educativo
español.
2. El ámbito de aplicación de la presente Ley es todo el
sistema educativo de Cantabria, a excepción de las enseñanzas
universitarias.
Artículo 2. Principios.
El sistema educativo de Cantabria, configurado de
acuerdo con los valores de la Constitución y del Estatuto
de Autonomía para Cantabria, así como por los principios
del sistema educativo español establecidos en el artículo
1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación,
se fundamenta en los siguientes principios:
a) La mejora de la calidad de la educación en un marco
de equidad y justicia social que favorezca la supresión de
desigualdades.
b) La formación de ciudadanos críticos y responsables
que sean capaces de comprender y participar activamente
en el mundo actual.
c) El equilibrio entre la igualdad de oportunidades de los
ciudadanos y el respeto a la diversidad de sus identidades,
necesidades e intereses.
d) El compromiso de la comunidad educativa y de toda
la sociedad en la formación del alumnado de Cantabria.
e) La evaluación del sistema educativo de Cantabria
como mecanismo de control democrático que contribuya
a la mejora de la calidad y equidad en la educación, a
orientar las políticas educativas y a proporcionar información
sobre el grado de cumplimiento de los objetivos educativos.
f) La integración del principio de igualdad en la política
de educación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
24 de la Ley Orgánica 03/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Artículo 3. Líneas prioritarias de actuación.
En el marco de los principios establecidos en el artículo
2 de la presente Ley y de los fines del sistema educativo
español, recogidos en el artículo 2 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de educación, el sistema educativo
de Cantabria considera prioritarias, entre otras, las
siguientes líneas de actuación:
a) La atención a la diversidad del alumnado, potenciando
una perspectiva intercultural en la educación y la
atención y apoyo al alumnado con necesidad específica
de apoyo educativo, así como el desarrollo de actuaciones
relacionadas con la compensación de las desigualdades
en educación.
b) La adquisición y el desarrollo de las competencias
básicas con el objetivo de formar alumnos competentes,
capaces de responder a demandas complejas y llevar a
cabo tareas diversas de forma adecuada.
c) El impulso de actuaciones que desarrollen la mejora
de la competencia lectora y el fomento del hábito lector en
el alumnado.
d) La potenciación de la atención educativa al alumnado
en horario extraescolar.
e) La educación plurilingüe y pluricultural, como una de
las actuaciones esenciales para favorecer el desarrollo de
la competencia en comunicación lingüística.
f) La escolarización en edades tempranas.
g) El impulso a la Formación profesional y a la educación
permanente.
h) La mejora de la organización de los centros y la cultura
escolar.
i) El compromiso por una educación igualitaria entre
sexos.
j) La potenciación de la integración curricular de las tecnologías
de la información y la comunicación.
k) La educación para la sostenibilidad.
l) La apertura de los centros a la comunidad. Potenciar
la apertura del centro al entorno y el uso de las redes de
recursos sociales de la comunidad.
m) La potenciación de la igualdad de oportunidades.
n) La evaluación y autoevaluación del sistema educativo.


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