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Legislación básica
 

Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública


JUAN CARLOS I,
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley:
El programa gubernamental tiene como uno de los objetivos de actuación prioritaria la reforma
de la Administración Pública. Dentro de ella, la reforma de la legislaci ón de la Función Pública
constituye uno de sus aspectos básicos.
El Gobierno cree que el horizonte de todo cambio en la legislaci ón funcionarial ha de venir
establecido por las bases del Régimen Estatutario de los Funcionarios Públicos, que, en
desarrollo del artículo 149.1.18 de la Constitución, es preciso dictar. Tales bases, referidas al
conjunto de los funcionarios de todas las Administraciones Públicas, constituirán el nuevo
marco de la Funci ón Pública derivado de nuestra Constituci ón. El Gobierno se propone sin
tardanza abordar su elaboración y envío a las C ámaras.
No obstante, la constituci ón del Estado de las Autonomías, por una parte, y la propia
obsolescencia de muchas de las normas por las que se rige nuestra Funci ón Pública, dictadas
hace cerca de veinte años, obligan a abordar, siquiera sea parcialmente, la reforma del régimen
funcionarial y, en consecuencia, dar carácter de bases a algunos de los preceptos que se
contienen en la presente Ley. Tienen estos preceptos, necesariamente, carácter provisional,
hasta que se desarrolle en su integridad el mandato constitucional.
El objetivo de esta Ley es, pues, suprimir los obstáculos que una legislación vieja, anterior a la
Constitución, opone al desarrollo del Estado Autonómico.
Así se aborda en está Ley una reforma en profundidad de las competencias en materia de
personal, estableciendo claramente que el Gobierno será el que, de manera efectiva, decidirá la
política de personal y muy particularmente, en un aspecto específicamente novedoso, cual es el
de la negociación de las condiciones de empleo de los funcionarios públicos.
Congruente con este propósito debe interpretarse la dependencia orgánica del personal al
servicio de la Administraci ón del Estado de un solo departamento ministerial que se establece,
en esta Ley por primera vez en la historia de la Administración Pública espa ñola.
Igualmente, el ámbito de aplicación de esta Ley hace especial referencia a los denominados
funcionarios civiles al servicio de la Administración Militar, que quedan integrados en los
respectivos Cuerpos de la Administración Civil del Estado.
La regulación del Consejo Superior de la Función Pública, como órgano de participación y
encuentro entre todas las Administraciones Públicas y la representación auténtica del personal,
configura otro aspecto significativo de está Ley; abordándose también, con la regulación de la
Comisi ón de Coordinaci ón de la Funci ón Pública, el problema complejo, pero solucionable, de
la coordinación de las políticas de personal de la Administraci ón Central y de las Comunidades
Autónomas.
Se afronta, de otra parte, de una manera realista, el problema de la carrera Administrativa,
autorizando al Gobierno para reformar profundamente nuestra Función Pública, sus Cuerpos y
Escalas, permitiendo su supresión, unificaci ón o modificación y ordenando la realizaci ón de los
estudios precisos para la clasificaci ón de los puestos de trabajo, base sobre la que ha de
articularse la autentica carrera Administrativa.
La Ley modifica, por ello, el actual sistema de retribuciones, estableciendo con claridad una
primacía importante para aquellas que van ligadas al desempeño del puesto de trabajo.
La racionalización de la estructura de Cuerpos y Escalas de la Administración Pública
constituya un medio necesario para el cumplimiento del objetivo de acercar la Administración a
los ciudadanos. La unificación de Cuerpos y Escalas, además de posibilitar el mejor despliegue
de las posibilidades de trabajo de los funcionarios, mejorará la eficacia de la Administración al
servicio del interés general de la sociedad. Por ello, sin perjuicio de lo que en este aspecto se
dispone en el artículo 27, las disposici ónes adicionales de está Ley introducen importantes
cambios, tanto en lo que se refiere a la Administraci ón del Estado, como a la Administración
Institucional y a la de la Seguridad Social. Igualmente se produce una profunda modificación en
la estructura de los Cuerpos docentes no universitarios, creándose los Cuerpos de Profesores
de Enseñanza Secundaria y de Maestros.
Finalmente, y en consecuencia con este esfuerzo legal para adaptar nuestra Función Pública a
las normas vigentes en los países de nuestro entorno, se dispone la jubilación forzosa de todos
los funcionarios públicos a los sesenta y cinco años de edad, estableci éndose un calendario
progresivo para su definitiva aplicación.
Artículo uno. Ambito de aplicación.
1. Las medidas de esta Ley son de aplicaci ón:
a) Al personal de la Administración civil del Estado y sus Organismos Autónomos.
b) Al personal civil al servicio de la Administración Militar y sus Organismos Autónomos.
c) Al personal funcionario de la Administración de la Seguridad Social.
2. En aplicación de está Ley podrán dictarse normas espec íficas para adecuarla a lar
peculiaridades del personal docente e investigador, sanitario, de los servicios postales y de
telecomunicación y del personal destinado en el extranjero.
3. Se consideran bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos, dictadas al amparo
del artículo 149.1.18 de la Constituci ón, y en consecuencia aplicables al personal de todas las
Administraciones Públicas, los siguientes preceptos:
Artículos: 3, 2, e) y f); 6; 7; 8; 11; 12; 13, 2, 3 y 4; 14, 4 y 5; 16; 17; 18; 19, 1 y 3, 20, 21, 1, a),
b), c), d), e) y f) y 2; 22, 1; 23; 24; 25; 26; 29; 31; 32; 33; disposici ónes adicionales tercera, 2 y
3; cuarta, decimosegunda y decimoquinta; disposiciónes transitorias segunda, octava y novena.
4. Siempre que en esta Ley se hace referencia al personal al servicio de la Administración del
Estado debe entenderse hecha al personal especificado en el apartado 1 de este artículo.
5. La presente Ley tiene carácter supletorio para todo el personal al servicio del Estado y de las
Administraciones Públicas no incluido en su ámbito de aplicación.
Artículo dos. Dependencia orgánica.
Todo el personal al servicio de la Administración del Estado a que se refiere el artículo anterior,
sus Cuerpos, Escalas, Categorías y Clases, tendrá dependencia orgánica del Ministerio de la
Presidencia, sin perjuicio de la que funcionalmente tenga con cada Departamento.
CAPITULO I
Organos superiores de la Función Publica.
Artículo tres. El Gobierno.
1. El Gobierno dirige la política de personal y ejerce la función ejecutiva y la potestad
reglamentaria en materia de funci ón pública de la Administración del Estado.
2. Corresponde en particular al Gobierno:
a) Establecer las directrices conforme a las cuales ejercerán sus competencias en materia de
personal los distintos órganos de la Administración del Estado.
b) Determinar las instrucciones a que deberán atenerse los representantes de la Administraci ón
del Estado cuando proceda la negociaci ón con la representaci ón sindical de los funcionarios
públicos de sus condiciones de empleo, así como dar validez y eficacia a los Acuerdos
alcanzados mediante su aprobaci ón expresa y formal, estableciendo las condiciones de empleo
para los casos en que no se produzca acuerdo en la negociación.
c) Establecer las instrucciones a que deberá atenerse la representaci ón de la Administraci ón
del Estado en la negociaci ón colectiva con el personal sujeto al derecho laboral.
d) Fijar anualmente las normas y directrices para la aplicación del régimen retributivo de los
funcionarios públicos y personal al servicio de la Administración del Estado.
e) Aprobar, previa deliberaci ón del Consejo Superior de la Funci ón Pública, los criterios de
coordinaci ón la programaci ón de las necesidades de personal a medio y largo plazo de las
Administraciones Públicas.
f) Aprobar, previa deliberación del Consejo Superior de la Función Pública, los criterios de
coordinaci ón de los planes de oferta de empleo de las Administraciones Públicas.
g) Aprobar la oferta de empleo de la Administración del Estado.
h) Aprobar la estructura en grados del personal de la Administración del Estado, los intervalos
de niveles de puestos de trabajo asignados a cada Cuerpo o Escala y los criterios generales de
promoción profesional de los funcionarios públicos.
i) El ejercicio de las otras competencias que le estén legalmente atribuidos.
Artículo cuarto. El Ministro de la Presidencia.
1. sin perjuicio de las restantes funciones que le atribuyen las Leyes, compete al Ministro de la
Presidencia el desarrollo general, la coordinación y el control de la ejecución de la política del
Gobierno en materia de personal al servicio de la Administraci ón del Estado.
2. Corresponde en particular al Ministro de la Presidencia:
a) Proponer al Gobierno el proyecto de Ley de Bases del Régimen Estatutario de los
Funcionarios Públicos y los demás proyectos de normas de general aplicaci ón a la Funci ón
Pública. Cuando se trate de proyectos normativos referentes a funcionarios sujetos a un
régimen singular o especial la propuesta será a iniciativa del Ministerio Competente.
b) Impulsar, coordinar y, en su caso, establecer y ejecutar los planes, medidas y actividades
tendentes a mejorar el rendimiento en el servicio, la formaci ón y la promoción del personal al
servicio de la Administración del Estado.
c) Cuidar del cumplimiento por los órganos de la Administración del Estado de las normas de
general aplicación en materia de personal y velar por la observancia en las demás
Administraciones Públicas de las Leyes o disposiciónes estatales que les sean directamente
aplicables.
d) Ejercer las demás competencias que en materia de personal se atribuye la legislación
vigente.
Artículo cinco. El Ministro de Economía y Hacienda.
Corresponde al Ministro de Economía y Hacienda proponer al Gobierno, en el marco de la
política general económica y presupuestaria, las directrices a que deberán ajustarse los gastos
de personal de la Administraci ón del Estado, así como autorizar cualquier medida relativa al
personal que pueda suponer modificaciones en el gasto.
Artículo seis. el Consejo Superior de la Funci ón Pública.
1. El Consejo de la Funci ón Pública es el órgano superior colegiado de coordinación y consulta
de la política de Función Pública, así como de participaci ón del personal, al servicio de las
Administraciones Públicas.
2. En particular, corresponde al Consejo Superior de la Funci ón Pública:
a) Informar en el plazo de dos meses los anteproyectos de Ley referentes al personal al servicio
de las Administraciones Públicas cuando le sean consultados por el Gobierno o los Consejos de
Gobierno de las Comunidades Autónomas.
b) Informar en el plazo de dos meses sobre aquellas disposiciónes o decisiones relevantes en
materia de personal, que le sean consultadas por el Gobierno, los Consejos de Gobierno de las
Comunidades Autónomas o las Corporaciones Locales a través de sus representantes.
c) A propuesta de sus componentes, tomar conocimiento, debatir y, en su caso, recomendar a
las Administraciones competentes la adopción de medidas dirigidas a mejorar la organización,
las condiciones de trabajo, el rendimiento y la consideración social del personal de las
Administraciones Públicas.
d) Debatir y proponer, a iniciativa de sus componentes, las medidas necesarias para la
coordinaci ón de las políticas de personal de las distintas Administraciones Públicas, y, en
especial, en lo referente a Registros de Personal, sistemas de acceso, relación de puestos de
trabajo, retribuciones, homologación de funcionarios y oferta de empleo.
3. El contenido de las deliberaciones y propuestas del Consejo Superior de la Función Pública,
reflejados en las correspondientes actas, se elevará a la consideraci ón del Gobierno y de los
órganos de gobierno de las dem ás Administraciones Públicas, sin que en ningún caso tengan
carácter vinculante.
Artículo siete. Composición del Consejo Superior de la Funci ón Pública.
1. Integran el Consejo Superior de la Función Pública:
a) Por parte de la Administración del Estado:
- El Ministro de la Presidencia, que será el Presidente del Consejo.
- El Secretario de Estado para la Administraci ón Pública, que será el Vicepresidente.
- El Secretario de Estado de Hacienda.
- Los Subsecretarios de todos los Ministerios.
- El Secretario general del Consejo Superior de la Función Pública, que será nombrado por Real
Decreto con categoría de Director general.
b) Por parte de las Comunidades Autónomas un representante de cada una de ellas, recayendo
dicha representación en el miembro del Consejo de Gobierno que tenga a su cargo la dirección
superior del personal.
c) Por parte de las Corporaciones Locales diecisiete representantes de las mismas, designados
por las Federaciones de Entidades Locales existentes, en proporción a su representatividad
respectiva.
d) Por parte del personal diecisiete representantes designados por las Organizaciones
Sindicales, en proporci ón a su representatividad respectiva.
2. El Consejo elaborará sus normas de organización y funcionamiento.
Artículo ocho. La Comisión de Coordinación de la Funci ón Pública.
1. La Comisi ón de Coordinación de la Función Pública es el órgano encargado de coordinar la
política de personal de la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas, para
formar el plan de oferta de empleo público y proponer las medidas que sean precisas para
ejecutar lo establecido en las bases del régimen estatutario de los funcionarios.
2. Integran la Comisión:
a) Por parte de la Administración del Estado:
- El Secretario de Estado para la Administraci ón Pública, que presidirá la Comisión.
- El Secretario de Estado de Hacienda, que será su Vicepresidente.
- El Director general de la Función Pública.
- El Director general de Gastos de Personal.
- El Presidente del Instituto Nacional de Administraci ón Pública.
- El Interventor general de la Administración del Estado.
- El Inspector general de Servicios de la Administraci ón Pública.
- El Director general de Presupuestos.
- Ocho representantes de la Administraci ón del Estado, designados por el Gobierno a propuesta
del Ministerio de la Presidencia.
- El Secretario general.
b) Por parte de las Comunidades Autónomas, los titulares de los órganos directivos encargados
de la Administración de personal.
3. Podrán constituirse grupos de trabajo de la Comisión presididos por el Secretario general del
Consejo, para la elaboración de las propuestas que deban ser elevadas a la consideración de la
misma.
4. Bajo la dependencia inmediata del Secretario general existirá un Gabinete Técnico, al que
podrán adscribirse funcionarios pertenecientes a la Administración del Estado y de las
Comunidades Autónomas.
5. La Comisión elaborara sus normas de organización y funcionamiento.
Artículo nueve. La Comisión Superior de Personal.
La Comisión Superior de Personal se configura como un Organo colegiado de coordinación,
documentación y asesoramiento para la elaboración de la política de personal al servicio de la
Administraci ón del Estado. Ejercerá las competencias y funciones que le atribuye la legislación
vigente. El Gobierno, por Real Decreto, regulará su composición y funciones.
Artículo diez. Los Delegados del Gobierno y los Gobernadores civiles.
Corresponde a los Delegados del Gobierno en relaci ón al personal que haya sido destinado a
los servicios periféricos de ámbito regional, y a los Gobernadores civiles en relación con el
personal destinado a los servicios periféricos provinciales, el ejercicio de las competencias que
la legislaci ón vigente atribuye a los Subsecretarios y a los Directores generales en relación al
personal de los servicios periféricos de la Administración del Estado, sus Organismos
Autónomos y de la Seguridad Social, sin perjuicio de la superior dirección que corresponde a
los Departamentos ministeriales.
CAPITULO II
Ordenación de la Función Pública de las Comunidades Autónomas y regulaci ón de la
situación de los funcionarios trasferidos
Artículo once. Ordenación de la Función Pública de las Comunidades Autónomas.
Las Comunidades Autónomas procederán a ordenar, mediante Ley de sus respectivas
Asambleas Legislativas, su Función Pública propia. A estos efectos, y previa deliberación del
Consejo Superior de la Función Pública, agruparan a sus funcionarios propios en los Cuerpos,
Escalas, Clases y Categorías que proceda, respetando en todo caso los grupos establecidos en
el art ículo 25 de esta Ley.
Artículo doce. Regulación de la situaci ón de los funcionarios transferidos.
1. Los funcionarios transferidos a las Comunidades Aut ónomas se integran plenamente en la
organizaci ón de la Función Pública de las mismas.
Las Comunidades Aut ónomas al proceder a está integración de los funcionarios transferidos
como funcionarios propios, respetarán el grupo del Cuerpo o Escala de procedencia, así como
los derechos económicos inherentes al grado personal que tuviesen reconocido.
Se garantiza la igualdad entre todos los funcionarios propios de las Comunidades Autónomas,
con independencia de su Administraci ón de procedencia.
2. Los funcionarios transferidos son funcionarios en situación Administrativa de servicio activo
en la Función Pública de la Comunidad Aut ónoma en la que se integran.
En sus Cuerpos o Escalas de origen permanecen en una situación Administrativa especial de
servicios en Comunidades Autónomas, que les permite mantener respecto de ellos todos sus
derechos cono si se hallaran en servicio activo, de acuerdo con lo establecido en los
respectivos Estatutos de Autonomía.
CAPITULO III
Registros de personal, programación y oferta de empleo publico
Artículo trece. Los Registros administrativos de personal.
1. En la Dirección General de la Función Pública existirá en Registro Central en el que se
inscribirá a todo el personal al servicio de la Administración del Estada, y en el que se anotarán
preceptivamente todos los actos que afecten a la vida Administrativa del mismo
El Gobierno, a propuesta del Ministro de la Presidencia, aprobara las normas reguladoras del
Registro Central y el programa para su implantación progresiva.
2. Las Comunidades Aut ónomas y las Entidades Locales constituirán también Registros de
Personal. Cuando las Entidades Locales no cuenten con suficiente capacidad financiera o
técnica, las Comunidades Autónomas, por si mismas, o por delegación en las Diputaciones
Provinciales, los Cabildos o los Consejos Insulares, cooperarán a la constitución de dichos
Registros.
3. Todos los Registros de Personal de todas las Administraciones Públicas estarán
coordinadas. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de la Presidencia, y previa deliberación del
Consejo Superior de la Función Pública, regulará los contenidos mínimos homogeneizados de
los Registros de Personal y los requisitos y procedimiento para su utilización recíproca.
4. En ningún caso podrán incluirse en nómina nuevas remuneraciones, sin que previamente se
haya comunicado al Registro de Personal correspondiente la resoluci ón o acto por el que
hubieran sido reconocidas.
5. En la documentación individual del personal de las diferentes Administraciones Públicas no
figurará ningún dato relativo a su raza, religión u opinión.
El personal tendrá libre acceso a su expediente individual.
Artículo catorce. Dotaciones presupuestarias de personal.
1. Las dotaciones presupuestarias de personal se distribuirán entre los programas de gasto de
los distintos Centros gestores, de forma que se garantice el necesario equilibrio entre los
medios materiales y humanos asignados a cada uno de ellos.
A estos afectos serán previamente informadas por Comisiones de análisis de los programas
alternativos de gasto, constituidas por representantes del Ministerio de Economía y Hacienda,
del Ministerio de la Presidencia y de los demás Departamentos ministeriales.
2. Los programas de gasto de los Presupuestos Generales del Estado deberán incluir el coste
de todos los puestos de trabajo asignados a cada uno de ellos y por cada uno de los Centros
gestores.
3. Las plantillas de los diferentes Cuerpos y Escalas de la Administraci ón del Estado, así cono
las del personal laboral, serán las que resulten de los créditos establecidos en la Ley de
Presupuestos.
4. Las Comunidades Autónomas determinarán en sus respectivas Leyes de Presupuestos las
plantillas de todo su personal.
5. Las plantillas y puestos de trabajo de todo el personal de la Administraci ón Local se fijaran
anualmente a través de su Presupuesto.
Artículo quince. Relaciones de puestos de trabajo de la Administraci ón del Estado.
1. Las relaciones de puestos de trabajo de la Administración del Estado incluirán para cada uno
de ellos, en todo caso, la denominaci ón y características esenciales de los puestos, las
retribuciones complementarias que tengan asignadas y los requisitos exigidos para su
desempeño. Estos requisitos serán determinados por el Ministerio de la Presidencia, a
propuesta de los Ministerios correspondientes, debiendo especificarse aquellos puestos que, en
atención a la naturaleza de su contenido, se reservan a funcionarios públicos.
2. Los puestos de trabajo serán de adscripción indistinta para todos los funcionarios incluidos
en el ámbito de aplicaci ón de está Ley. Unicamente podrán adscribirse con carácter exclusivo
puestos de trabajo a funcionarios de un determinado Cuerpo o Escala cuando tal adscripción se
derive necesariamente de la naturaleza y de la funci ón a desempeñar en ellos y en tal sentido lo
determine el Gobierno a propuesta del Ministro de la Presidencia.
3. Las relaciones de puestos de trabajo serán públicas.
Artículo dieciséis. Relaciones de puestos de trabajo de las Comunidades Autónomas y
de la Administración Local.
Las Comunidades Autónomas y la Administraci ón Local formaran también la relaci ón de los
puestos de trabajo existentes en su organizaci ón, que deberán incluir en todo caso la
denominación y características esenciales de los puestos, las retribuciones complementarias
que les correspondan y los requisitos exigidos para su desempeño. Estas relaciones de puestos
serán públicas.
Artículo diecisiete. Movilidad de funcionarios de las distintas Administraciones P úblicas.
1. Con el fin de lograr una mejor utilizaci ón de los recursos humanos, los puestos de trabajo de
la Administraci ón del estado y de las Comunidades Autónomas podrán ser cubiertas por
funcionarios que pertenezcan a cualquiera de estas Administraciones Públicas, de acuerdo con
lo que establezcan las relaciones de puestos de trabajo.
2. Asimismo los funcionarios de la Administración Local podrán desempeñar puestos de trabajo
en otras Corporaciones Locales distintas de las de procedencia y en la Administración de su
Comunidad Autónoma.
Artículo dieciocho. La oferta de empleo público.
Las plazas dotadas que no puedan ser cubiertas con los efectivos de personal existentes
constituyen la oferta de empleo de la Administración del Estado.
Aprobada la Ley de Presupuestos Generales del Estado, el Ministro de la Presidencia
propondrá al Gobierno para su aprobación la oferta anual de empleo de personal al servicio de
la Administraci ón del Estado.
La oferta de empleo deberá contener necesariamente todas las plazas dotadas
presupuestariamente y que se hallen vacantes. Indicará asimismo las que de ellas deban ser
objeto de provisi ón en el correspondiente ejercicio presupuestario y las previsiones temporales
para la provisión de las restantes.
La publicación de la oferta obliga a los órganos competentes a proceder, dentro del primer
trimestre de cada año natural, a la convocatoria de las pruebas selectivas de acceso para las
plazas vacantes comprometidas en la misma y hasta un 10 por 100 adicional. Tales
convocatorias indicarán el calendario preciso de realización de las pruebas, que, en todo caso,
deberán concluir antes del 1 de octubre de cada año, sin perjuicio de los cursos selectivos de
formaci ón que se establezcan.
Los Tribunales o las Comisiones de Selecci ón no podr án aprobar ni declarar que han superado
las pruebas respectivas un número superior de aspiraciones al de plazas convocadas.
Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo anteriormente establecido será nula de
pleno derecho.
Las demás Administraciones Públicas elaborarán y propondrán públicamente sus ofertas de
empleo ajust ándose a los criterios anteriormente expuestos.
CAPITULO IV
Normas par objetivar la selecci ón del personal, la provisión de puestos de trabajo y la
promoción profesional de los funcionarios
Artículo diecinueve. Selección del personal.
1. Las Administraciones Públicas seleccionan su personal, ya sea funcionario, ya laboral, de
acuerdo con su oferta de empleo público, mediante convocatoria pública y a través del sistema
de concurso, oposición o concurso-oposición libre en los que se garanticen en todo caso los
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.
Los procedimientos de selección cuidarán especialmente la conexi ón entre el tipo de pruebas a
superar y la adecuación a los puestos de trabajo que se hayan de desempeñar incluyendo a tal
efecto las pruebas prácticas que sean precisas.
En las convocatorias para acceso a la función pública, las Administraciones Públicas en el
respectivo ámbito de sus competencias deber án prever la selecci ón de funcionarios
debidamente capacitados para cubrir los puestos de trabajo en las Comunidades Aut ónomas
que gocen de dos lenguas oficiales.
2. el Gobierno regulará la composición y funcionamiento de los órganos de selección,
garantizando la especialización de los integrantes de los órganos selectivos y la agilidad del
proceso selectivo sin perjuicio de su objetividad. En ningún caso, y salvo las peculiaridades del
personal docente e investigador, los órganos de selección podrán estar formados
mayoritariamente por funcionarios pertenecientes al mismo Cuerpo que se ha de seleccionar.
3. Corresponde al Instituto Nacional de Administración Pública la coordinación, control y, en su
caso, la realizaci ón de los cursos de selección, formación y perfeccionamiento de los
funcionarios de la Administraci ón del Estado, así como las funciones de colaboraci ón y
cooperaci ón con los Centros que tengan atribuidas dichas competencias en las restantes
Administraciones Públicas.
Artículo veinte. Provisión de puestos de trabajo.
1. Los puestos de trabajo adscritos a funcionarios se proveerán de acuerdo con los siguientes
procedimientos:
a) Concurso: Constituye el sistema normal de provisi ón, y en él se tendrán en cuenta
únicamente los m éritos exigidos en la correspondiente convocatoria.
Se considerarán méritos preferentes conforme reglamentariamente se determine la valoraci ón
del trabajo desarrollado en los anteriores puestos ocupados, los cursos de promoción y
perfeccionamiento superados en las Escuelas de Administración Pública, las titulaciones
académicas, en su caso, y la antigüedad.
b) Libre designación con convocatoria pública: Se cubrirán por este sistema las puestos que se
determinen en la relación de puestos de trabajo. Para su provisión deberán anunciarse en los
«Boletines» y «Diarios Oficiales» por la autoridad competente para efectuar los nombramientos.
La convocatoria indicará la denominación, nivel y localizaci ón del puesto, as í cono los requisitos
mínimos exigidos a los funcionarios que aspiren a desempeñarlos, y concederá un plazo no
inferior a quince días para la presentaci ón de solicitudes.
Dichas solicitudes se elevarán a la autoridad competente, que, previo informe del Jefe de la
dependencia, procederá al nombramiento en el plazo máximo de un mes y lo comunicará al
correspondiente Registro de Personal.
2. El Gobierno y en el ámbito de sus competencias los Consejos de Gobierno de las
Comunidades Autónomas y el Pleno de las Corporaciones Locales, determinarán el número del
puestos con sus características y retribuciones, reservados a personal eventual, siempre dentro
de los créditos presupuestarios consignados al efecto.
El personal eventual sólo ejercerá funciones, expresamente calificados de confianza o
asesoramiento especial y su nombramiento y cese, que serán libres, corresponden
exclusivamente a los Ministerios y a los Secretarios de Estado, y, en su caso, a los Consejeros
de Gobierno de las Comunidades Aut ónomas y a los Presidentes de las Corporaciones Locales.
El personal eventual cesará automáticamente cuando cese la autoridad a la que preste su
función de confianza o asesoramiento.
3. En ningún caso el desempe ño de un puesto de trabajo reservado a personal eventual
constituirá mérito para el acceso a la función pública o la promoci ón interna.
Artículo veintiuno. Promoción profesional.
1. El grado personal.
a) Los puestos de trabajo se clasifican en 30 niveles.
b) El Gobierno y los Organos de Gobierno de las Comunidades Autónomas determinarán los
intervalos que correspondan a cada Cuerpo o Escala.
c) Todo funcionario posee un grado personal que corresponderá a alguno de los niveles en que
se clasifiquen los puestos de trabajo.
d) El grado personal se adquiere por el desempeño de uno o más puestos del nivel
correspondiente durante dos años continuados o durante tres con interrupción. Si durante el
tiempo en que el funcionario desempeña un puesto se modificase el nivel del mismo, el tiempo
de desempeño se computará con el nivel más alto en que dicho puesto hubiera estado
clasificado.
e) La adquisición y los cambios de grado se inscribirán en el Registro de Personal previo
reconocimiento por el Subsecretario del Departamento respectivo y Organos análogos de las
demás Administraciones Públicas.
f) La adquisición de las grados superiores de los funcionarios de los Cuerpos y Escalas de cada
grupo podrá realizarse también mediante la superación de cursos de formaci ón u otros
requisitos objetivos, que se determinen por el Gobierno o, en el ámbito de sus competencias,
por el Consejo de las Comunidades Autónomas y el Pleno de las Corporaciones Locales.
2. La garantía del nivel del puesto de trabajo:
a) Ningún funcionario podrá ser designado para un puesto de trabajo inferior en más de dos
niveles al correspondiente a su grado personal.
b) Ningún funcionario podrá ser designado para desempeñar un puesto de trabajo superior en
más de dos niveles al de su grado personal.
c) En tanto no sea designado para cubrir una vacante en las condiciones del apartado anterior
en la misma localidad, el funcionario quedará a disposición del Subsecretario, Director del
Organismo Autónomo, Delegado del Gobierno o Gobernador civil u órganos análogos de las
demás Administraciones, que le atribuirá el desempeño provisional de puestos de inferior nivel,
siempre que corresponda a su Cuerpo o Escala. Mientras permanezca en tal situación, el
funcionario tendrá derecho al complemento de destino correspondiente a un puesto inferior en
dos niveles a su grado personal.
d) El Gobierno o los órganos de gobierno de las Comunidades Aut ónomas, previo informe del
Consejo Superior de la Función Pública, establecerán los criterios para el computo, a efectos de
consolidación del grado personal, del tiempo en que los funcionarios permanezcan en cada uno
de los supuestos de la situación de servicios especiales.
Artículo veintidós. Fomento de la promoci ón interna.
1. Las Administraciones Públicas facilitarán la promoción interna consistente en el ascenso
desde Cuerpos o Escalas de grupo inferior a otros correspondientes de grupo superior. Los
funcionarios deberán para ello poseer la titulación exigida y reunir los requisitos y superar las
pruebas que para cada caso establezca el Ministerio de la Presidencia o el órgano competente
de las demás Administraciones Públicas. En las respectivas convocatorias podrán reservarse
para este tipo de promoción hasta un 50 por 100 de las vacantes convocadas.
2. A propuesta del Ministro de la Presidencia, el Gobierno establecerá los criterios, requisitos y
condiciones con arreglo a los cuales los funcionarios de la Administraci ón del Estado podrán
integrarse en otros Cuerpos y Escalas de su mismo grupo.
3. A propuesta del Ministro de la Presidencia, el Gobierno establecerá los requisitos y
condiciones para el acceso de los funcionarios españoles de los organismos internacionales a
los Cuerpos y Escalas correspondientes de la Administraci ón del Estado.
CAPITULO V
Bases del r égimen de retribuciones
Artículo veintitrés. Conceptos retributivos.
1. Las retribuciones de los funcionarios son básicas y complementarias.
2. Son retribuciones básicas:
a) El sueldo que corresponde al índice de proporcionalidad asignado a cada uno de los grupos
en que se organizan los Cuerpos y Escalas, Clases o Categorías.
b) Los trienios, consistentes en una cantidad igual para cada grupo por cada tres años de
servicio en el Cuerpo o Escala, Clase o Categoría.
c) Las pagas extraordinarias, que serán de dos al año por un importe mínimo cada una de ellas
de una mensualidad del sueldo y trienios, se devengarán los meses de junio y diciembre.
3. Son retribuciones complementarias:
a) El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto que se desempeñe.
b) El complemento específico destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos
puestos de trabajo en atenci ón a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad,
incompatibilidad, peligrosidad o penosidad. En ningún caso podrá asignarse más de un
complemento específico a cada puesto de trabajo.
c) El complemento de productividad destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad
extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe su trabajo.
Su cuantía global no podrá exceder de un porcentaje sobre los costes totales de personal de
cada programa y de cada órgano que se determinará en la Ley de Presupuestos. El
responsable de la gestión de cada programa de gasto, dentro de las correspondientes
dotaciones presupuestarias determinará, de acuerdo con la normativa establecida en la Ley de
Presupuestos, la cuant ía individual que corresponda, en su caso, a cada funcionario.
En todo caso, las cantidades que perciba cada funcionario por este concepto serán de
conocimiento público de los demás funcionarios del Departamento u Organismo interesado así
como de los representantes sindicales.
d) Las gratificaciones por servicios extraordinarios, fuera de la jornada normal, que en ningún
caso podrán ser fijas en su cuantía y periódicas en su devengo.
4. Los funcionarios percibirán las indemnizaciones correspondientes por razón del servicio.
Artículo veinticuatro. Determinación de la cuantía de los conceptos retributivos.
1. Las cuant ías de las retribuciones básicas serán iguales en todas las Administraciones
Públicas para cada uno de los grupos en que se clasifican los Cuerpos, Escalas, Categorías o
Clases de funcionarios. El sueldo de los funcionarios del grupo A no podrá exceder en más de
tres veces al sueldo de los funcionarios del grupo E.
2. La cuant ía de las retribuciones básicas, de los complementos de destino asignados a cada
puesto de trabajo y de los complementos específicos y de productividad, en su caso, deberá
reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la correspondiente Ley de Presupuestos
Generales del Estado y figurar en los Presupuestos de las demás Administraciones Públicas.
CAPITULO VI
Racionalización de la estructura de los Cuerpos y Escalas y otras clasificaciones del
personal al servicio de las Administraciones Públicas
Artículo veinticinco. Grupos de clasificación.
Los Cuerpos, Escalas, Clases y Categorías de funcionarios al servicio de las Administraciones
Públicas se agrupar án, de acuerdo con la titulación exigida para su ingreso, en los siguientes
grupos:
Grupo A. Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente.
Grupo B. Título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Formación
Profesional de tercer grado o equivalente.
Grupo C. T ítulo de Bachiller, Formación Profesional de segundo grado o equivalente.
Grupo D. T ítulo de Graduado Escolar, Formación Profesional de primer grado o equivalente.
Grupo E. Certificado de escolaridad.
Artículo veintiséis. Ordenación de la adscripci ón y funciones de los Cuerpos y Escalas
de las Administraciones Públicas.
Los Cuerpos y Escalas de funcionarios no podrán tener asignadas facultades, funciones o
atribuciones propias de los órganos administrativos. Unicamente las relaciones de puestos de
trabajo podrán determinar los Cuerpos o Escalas de funcionarios que puedan desempeñar los
puestos a los que corresponda el ejercicio de las citadas funciones.
La adscripción concreta de los Cuerpos y Escalas a un Departamento u Organismo
corresponde al Gobierno, previo informe del Departamento al que figuren adscritos
actualmente, y a propuesta del Ministro de la Presidencia. Esta competencia decisoria será
ejercida en su ámbito por los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y Plenos
de las Corporaciones Locales.
Artículo veintisiete. Racionalizaci ón de la estructura de Cuerpos y Escalas de la
Administración del Estado.
Se autoriza al Gobierno para que, a propuesta del Ministro de la Presidencia, procede a:
1. Convocar pruebas unitarias de selecci ón para el ingreso en los distintos Cuerpos o Escalas.
2. Convocar concursos unitarios de traslado para funcionarios de diferentes Cuerpos o Escalas.
3. Unificar aquellos Cuerpos y Escalas, de igual grupo cuando tengan asignadas funciones
sustancialmente coincidentes en su contenido profesional y en su nivel técnico, y siempre que
de al unificaci ón se deriven ventajas para la gestión de los servicios.
4. Declarar a extinguir determinados Cuerpos o Escalas cuando lo exija el proceso general de
racionalización.
El Gobierno establecerá los criterios, requisitos y condiciones para que los funcionarios de los
Cuerpos o Escalas declarados o extinguir se integren en otros Cuerpos o Escalas.
Los funcionarios de los Cuerpos o Escalas declarados a extinguir, desempeñaran los puestos
de trabajo que reglamentariamente se establezcan.
Artículo veintiocho. Racionalizaci ón de las plantillas de personal laboral.
El Gobierno procederá también a racionalizar las plantillas de personal laboral, a través de los
instrumentos establecidos en el artículo anterior, o de los que resulten precisos, de acuerdo con
su naturaleza jurídica, y, coherentemente, con el proceso de racionalización de los Cuerpos y
Escalas de funcionarios.
CAPITULO VII
Modificación en las situaciones, régimen disciplinario y de Seguridad Social de los
funcionarios
Artículo veintinueve. Situaciones de los funcionarios.
1. Quedan suprimidas las situaciones Administrativas de excedencia especial y de
supernumerario, creándose la de servicios especiales.
2. Servicios especiales.
Los funcionarios públicos pasarán a la situación de servicios especiales:
a) Cuando sean autorizados para realizar una misi ón por período determinado superior a seis
meses en Organismos internacionales, Gobiernos o Entidades públicas extranjeras o en
programas de cooperaci ón internacional.
b) Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de Organizaciones internacionales
o de carácter supracional.
c) Cuando sean nombrados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de las
Comunidades Autónomas o altos cargos de los mismos que no deban ser provistos
necesariamente por funcionarios públicos.
d) Cuando sena elegidos por las Cortes Generales para formar parte de los Organos
Constitucionales u otros cuya elección corresponda a las C ámaras.
e) Cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo.
f) Cuando accedan a la condición de Diputado o Senador de las Cortes Generales.
g) Cuando acceden a la condición de miembros de las Asambleas Legislativas de las
Comunidades Autónomas, si perciben retribuciones periódicas por el desempeño de la funci ón.
Cuando no perciban dichas retribuciones podrán optar entre permanecer en la situación de
servicio activo o pasar a la de servicios especiales, sin perjuicio de la normativa que dicten las
Comunidades Autónomas sobre incompatibilidades de los miembros de las Asambleas
Legislativas.
h) Cuando desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las
Corporaciones Locales.
i) Cuando presten servicio en los Gabinetes de la Presidencia del Gobierno, de los Ministros y
de los Secretarios de Estado y no opten por permanecer en la situación de servicio activo en su
Administraci ón de origen.
j) Cuando sean nombrados para cualquier cargo de carácter político del que se derive
incompatibilidad para ejercer la función pública.
k) Cuando cumplan el servicio militar o prestación sustitutoria equivalente.
l) Cuando ostenten cargos electivos a nivel provincial, autonómico o estatal en las
Organizaciones Sindicales m ás representativas.
A los funcionarios en situaci ón de servicios especiales se les computara el tiempo que
permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos pasivos y tendrán
derecho a reserva de plaza y destino que ocupasen. En todos los casos recibirán las
retribuciones del puesto o cargo efectivo que desempeñen y no las que les correspondan como
funcionarios, sin perjuicio del derecho a la percepción de los trienios que pudieren tener
reconocidos como funcionarios.
Los Diputados, Senadores y los miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades
Autónomas que pierdan dicha condición por la disolución de las correspondientes Cámaras o
terminación del mandato de las mismas podrán permanecer en la situación de servicios
especiales hasta su nueva constitución.
3. Excedencia voluntaria.
a) Procederá declarar en situación de excedencia voluntaria a los funcionarios públicos cuando
se encuentren en situación de servicio activo en otro Cuerpo o Escala de cualquiera de las
Administraciones Públicas, o pasen a prestar servicios en Organismos o Entidades del sector
público y no les corresponda quedar en otra situaci ón.
b) Los funcionarios tendrán derecho a un período de excedencia voluntaria, no superior a tres
años, para atender al cuidado de cada hijo a contar desde la fecha del nacimiento de éste. Los
sucesivos hijos tendrán derecho a un nuevo período de excedencia que, en su caso, pondrá fin
al que se viniera disfrutando. Cuando el padre y la madre trabajen, sólo uno de ellos podrá
ejercitar éste derecho.
c) Podrá concederse igualmente excedencia voluntaria a los funcionarios cuando lo soliciten por
interés particular.
La situación prevista en éste apartado c) no podrá declararse hasta haber complementado tres
años de servicios efectivos desde que accedió al Cuerpo o Escala o desde el reingreso, y en
ella no se podrá permanecer m ás de diez años continuados ni menos de dos años.
Los funcionarios excedentes no devengaran retribuciones, ni les será computable el tiempo
permanecido en tal situaci ón a efectos de ascensos, trienios y derechos pasivos.
Artículo treinta. Permisos.
1. Se concederán permisos por las siguientes causas justificadas:
a) Por el nacimiento de un hijo y la muerte o enfermedad grave de un familiar hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad, dos días cuando el suceso se produzca en la misma
localidad, y cuatro días cuando sea en distinta localidad.
b) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día.
c) Para realizar funciones sindicales, de formación sindical o de representación del personal, en
los términos que se determinen reglamentariamente.
d) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud y evaluación en
Centros oficiales, durante los días de su celebración.
e) El funcionario con un hijo menor de nueve meses tendrá derecho a una hora diaria de
ausencia de trabajo. Este período de tiempo podrá dividirse en dos fracciones o sustituirse por
una reducci ón de la jornada en media hora.
f) Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo a un menor de seis años o a un
disminuido psíquico o físico que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a una
disminución de la jornada de trabajo en un tercio o un medio, con la reducci ón proporcional de
sus retribuciones.
2. Podrán concederse permisos por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber
inexcusable de carácter público o personal.
Artículo treinta y uno. Régimen disciplinario.
1. Se consideraran como faltas muy graves:
a) El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constituci ón en el ejercicio de la función pública.
b) Toda actuación que suponga discriminaci ón por raz ón de raza, sexo, religión, lengua,
opinión, lugar de nacimiento o vecindad, o cualquier otra condición o circunstancia personal o
social.
c) El abandono del servicio.
d) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la
Administraci ón o a los ciudadanos.
e) La publicación o utilización indebida de secretos oficiales, así declarados por la Ley o
clasificados como tales.
f) La notoria falta de rendimiento que comporte inhibición en el cumplimiento de las tareas
encomendadas.
g) La violación de la neutralidad o independencia políticas, utilizando las facultades atribuidas
para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.
h) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades.
i) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.
j) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.
k) La participación en huelgas, a los que la tengan expresamente prohibida la Ley.
l) El incumplimiento de la obligaci ón de atender los servicios esenciales en caso de huelga.
m) Los actos limitativos de la libre expresión de pensamiento, ideas y opiniones.
n) Haber sido sancionado por la comisión de tres faltas graves en un período de un año.
2. Las faltas de puntualidad y asistencia, cuando constituyan faltas leves, se sancionarán con la
deducción proporcional de las retribuciones.
Artículo treinta y dos. Seguridad Social.
1. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, a efectos de Seguridad Social, no podrá haber
discriminaci ón alguna por razones de sexo.
La mujer funcionario causará los mismos derechos pasivos que el varón, reconociéndose, no
obstante, efectos económicos únicamente desde el 1 de enero de 1984 a los causados con
anterioridad.
2. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, los derechos a favor de los familiares de
los causantes se extinguirán cuando contraigan matrimonio, sin que puedan posteriormente
recuperarse.
3. Las pensiones de orfandad que se causen a partir de la entrada en vigor de la presente Ley
se extinguirán al cumplir el beneficiario, cualquiera que sea su sexo, la edad de veintiún años,
salvo el supuesto de incapacidad absoluta para el trabajo.
4. A partir de la publicación de la presente Ley, las pensiones a favor de los huérfanos mayores
de veinti ún años, salvo que hubieran sido declarados incapacitados con anterioridad a cumplir
dicha edad y tuvieran derecho al beneficio de justicia gratuita según las disposici ónes legales
vigentes, serán incompatibles con la percepción de haberes por trabajo activo que permitan la
inclusión del titular en cualquier régimen público de la Seguridad Social.
5. La pérdida de la nacionalidad española del causante no producirá la pérdida del derecho a
las pensiones de viudedad y orfandad.
Los funcionarios que, habiendo perdido la nacionalidad española, la recobrasen, recuperarán
sus derechos en materia de Seguridad Social.
6. La determinaci ón de la condición de beneficiario de asistencia sanitaria en los Regímenes
Especiales de la Seguridad Social de los funcionarios públicos se adecuará a lo dispuesto para
el Régimen General.
Artículo treinta y tres. Jubilación forzosa.
La jubilaci ón forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario los sesenta y cinco años de
edad.

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