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Legislación básica
 

Ley 7/2001, de 2 de julio, de control en
materia de creación y reconocimiento de
universidades, centros universitarios y
autorización de estudios en la Comunidad
Autónoma de Galicia.


La Comunidad Autónoma de Galicia, en virtud de
lo dispuesto en el artículo 31 del Estatuto de autonomía,
tiene competencia plena para la regulación
y administración de la enseñanza en toda su extensión,
niveles y grados, modalidades y especialidades, incluyendo,
por tanto, los estudios universitarios. Esta competencia
se desarrolla en los términos previstos en
el Real decreto 1754/1987, de 18 de diciembre, sobre
traspaso a la Comunidad Autónoma de Galicia de los
servicios e instituciones y medios personales, materiales
y presupuestarios en materia de universidades.
Por su parte, la Ley orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de reforma universitaria, establece en su artículo 9.2º
que la autorización de estudios y la creación y supresión
de centros universitarios es una competencia propia
de la Comunidad Autónoma, a propuesta del consejo
social de la respectiva universidad y previo informe
del Consejo de Universidades.
Posteriormente, la Ley 11/1989, de 20 de julio, de
ordenación del sistema universitario de Galicia, establece,
en su artículo 11, que la coordinación y la
planificación del sistema universitario de Galicia
corresponden a la Consellería de Educación y Ordenación
Universitaria, que contará a estos efectos con
el Consejo Universitario de Galicia como órgano de
asesoramiento y consulta, según lo dispuesto en el
artículo 10 de la Ley 5/1987, de 27 de mayo, del
Consejo Social de la Universidad y del Consejo Universitario
de Galicia.
El Ministerio de Educación y Ciencia, en el Real
decreto 557/1991, de 12 de abril, estableció las condiciones
para crear y reconocer centros universitarios,
públicos y privados, que impartan estudios con carácter
oficial y validez en todo el territorio nacional, o
conducentes a títulos conformes a sistemas vigentes
en el extranjero, ya sean éstos homologados, no homologados
u homologables con los del sistema educativo
español.
En su virtud, la Comunidad Autónoma de Galicia
reguló las directrices propias encaminadas a mantener
las propias competencias, publicando el Decreto
259/1994, de 29 de julio, por el que se establece
el procedimiento para creación y reconocimiento de
universidades, centros universitarios y autorizaciones
de estudios en Galicia.
En función de esta disposición, cualquier entidad
que pretenda la creación, el reconocimiento o la adscripción
de un centro universitario, o la implantación
de estudios de este nivel en la Comunidad Autónoma
de Galicia, necesita de la previa autorización de la Comunidad Autónoma, previo informe consultivo del
Consejo Universitario de Galicia.
Los esfuerzos para conseguir una enseñanza universitaria
de calidad que se hacen desde la administración,
las universidades y las entidades promotoras
autorizadas deben obtener la correspondiente
rentabilidad, por lo que se hace necesario promulgar
una ley que vele por la calidad del sistema universitario
y que ampare, simultáneamente, los derechos
de los alumnos y los intereses de los empresarios
y profesionales del sector y que sea, a la vez, un
instrumento útil para evitar las actividades no autorizadas.
La problemática que surge con las instituciones que
están actuando al margen de la ley viene determinada
por la ausencia, tanto a nivel estatal como autonómico,
de una legislación sancionadora con que hacer frente
a la impartición de estudios universitarios sin contar
con la preceptiva autorización, normativa que debe
recoger la correspondiente sanción administrativa, de
forma que pudiera abrirse el correspondiente expediente
sancionador y se requiriera a estas instituciones
para cesar en su actividad.
Por otra parte, el artículo 127 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las admi-nistraciones
públicas y del procedimiento administrativo
común, modificada por la Ley 4/1999, establece
que la potestad sancionadora de las administraciones
públicas que reconoce la Constitución se ejercerá
cuando haya sido expresamen


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