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Legislación básica
 

RESOLUCIÓN EDU/1876/2020, de 23 de julio, por la que se modifica la Resolución EDU/1753/2019, de 21 de junio, por la que se abre el procedimiento de convocatoria pública para la concesión de subvenciones a centros educativos, para el desarrollo de programas de formación e inserción para el curso 2019-2020 (ref. BDNS 464021).


El Departamento de Educación, con el objetivo de fomentar la oferta de Programas de Formación e Inserción para poder atender las necesidades del colectivo jóvenes de 16 años a 21 años que no ha obtenido el título de graduado en educación secundaria obligatoria, considera oportuno conceder subvenciones en centros educativos para el desarrollo de programas de formación e inserción, de acuerdo con las bases reguladoras aprobadas mediante la Orden ENS/157/2017, de 14 de julio (DOGC núm. 7416, de 20.7.2017) modificadas por la Orden EDU/104/2019, de 16 de mayo (DOGC núm. 7881, de 23.5.2019).

La Resolución EDU/1753/2019, de 21 de junio (Ref. BDNS 464021, DOGC núm.7908, de 2.7.2019), modificada por la Resolución EDU/2285/2019, de 1 de agosto (Ref. BDNS 464021, DOGC núm. 7955 de 6.9.2019), abre el procedimiento de convocatoria pública para la concesión de subvenciones en centros educativos, para el desarrollo de programas de formación e inserción para el curso 2019-2020, y debido al establecimiento del estado de alarma y a la situación generada por el COVID 19, hay que modificar determinados apartados de esta convocatoria con el fin de adaptarlos a la nueva situación. Estas modificaciones afectan al plazo de presentación de la justificación de la subvención otorgada y también cuando se entiende que los alumnos han finalizado el Programa; además, se amplía la documentación que habrá que presentar para justificar la subvención con documentación complementaría relativa a la acreditación de la situación de los formadores del programa.

El Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, estableció en su artículo 9 la suspensión de la actividad educativa presencial y también que durante el periodo de suspensión se mantendrían las actividades educativas mediante las modalidades a distancia y “on line”, siempre que fuera posible. Posteriormente, se ha publicado normativa de ámbito estatal para hacer frente al impacto social y económico de la pandemia, para facilitar la continuidad de la actividad productiva del sector privado.

El 12 de marzo de este año se publicó en el DOGC la Resolución SLT/719/2020, de 12 de marzo, por la que se adoptan medidas adicionales para la prevención y el control de la infección por el SARS-CoV-2 que prevé en el artículo 1 la adopción como medida preventiva el cierre de todos los centros y servicios del Servicio de Educación de Cataluña, en cualquiera de las enseñanzas que lo integran de acuerdo con el artículo 51 de la Ley 12/2009, del 10 de julio, de educación, y con independencia de la titularidad pública o privada del centro o servicio y su sistema de financiación.

Con el fin de adaptar el desarrollo del curso a la nueva situación, el Departamento de Educación publicó, entre otros, los documentos “Comunicado en los centros educativos y establecimientos que imparten Programas de Formación e Inserción el curso 2019/20, ante las medidas preventivas, de protección y organizativas de aplicación en los centros y servicios del Servicio de Educación de Cataluña con motivo del coronavirus SARS-CoV-2” (de 31 de marzo), “Criterios para el desarrollo de la acción educativa y la evaluación en los centros donde se imparten las enseñanzas de formación profesional, enseñanzas de régimen especial y enseñanzas artísticas superiores ante la prolongación del periodo de confinamiento por el Covid19” (del 3 de abril), e “Instrucciones para el desarrollo de la acción educativa y la evaluación de los alumnos de las enseñanzas de Formación Profesional y de Régimen Especial ante la prolongación del periodo de confinamiento por la Covid19” (de 20 de abril).

El Decreto ley 8/2020, de 24 de marzo, de modificación parcial del Decreto ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica, y de adopción de otras medidas, del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, abre la posibilidad de establecer medidas flexibilitzadoras, de acuerdo con la normativa de subvenciones y de procedimiento administrativo común, en relación con las condiciones establecidas en las bases reguladoras y convocatorias de su ámbito competencial, con la finalidad de dar la viabilidad máxima a la concesión de subvención o ayuda que se han visto afectadas por el contexto generado por la COVID-19, o por las medidas tomadas para combatirlo.

Finalmente, la Intervención General consideró en el documento titulado Criterios 01/2020, de de 2 de abril de 2020, que el órgano concedente puede acordar, de manera motivada, modificar las convocatorias, aprobadas por resolución, en relación, entre otros aspectos, con la ampliación de plazos para realizar la actividad o cumplir el objeto o finalidad de la subvención o la ayuda, cuando se aprecien, entre otros supuestos, la posibilidad de causar graves perjuicios a los derechos e intereses de las personas interesadas.

Por todo eso, de conformidad con el que prevén el Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y a propuesta de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Enseñanzas de Régimen Especial.



Resuelvo:



Modificar la Resolución EDU/1753/2019, de 21 de junio, por la que se abre el procedimiento de convocatoria pública para la concesión de subvenciones en centros educativos, para el desarrollo de programas de formación e inserción para el curso 2019-2020, en los términos siguientes:



-1 Añadir al final del apartado 14 un nuevo párrafo. “Se entenderá que han finalizado el programa aquellos alumnos que hayan asistido como mínimo a un 70% de las horas impartidas en su centro hasta el 12 de marzo de 2020.”



-2 Añadir al final del apartado 20 un nuevo párrafo: “Los centros educativos beneficiarios tienen que cumplir la finalidad de la subvención impartiendo el PFI según establece la base 21.1.a y de acuerdo con las instrucciones dadas por el Departamento de Educación durante el periodo en que se realiza el programa”.



-3 Sustituir al primer párrafo del apartado 22 donde dice “no más tarde del 16 de septiembre de 2020” para “no más tarde del 15 de noviembre de 2020”.



-4 Sustituir el primer párrafo del apartado 23 por el redactado siguiente: “Además de la documentación prevista para la justificación en las bases reguladoras, los centros beneficiarios tendrán que presentar también, como documentación complementaria, una relación detallada de los gastos hechos utilizando el modelo establecido que estará disponible en la web del Departamento de Educación, esta relación de gastos se ajustará a los apartados y conceptos contenidos en el presupuesto presentado con la solicitud de subvención, y una declaración responsable conforme los formadores del programa no se han visto afectados por ningún ERE.

Asimismo, los centros educativos tendrán que declarar si, a raíz de la declaración del estado de alarma, han tramitado cualquier otro expediente de tipo laboral que haya afectado al personal formador del PFI.”.



Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer recurso contencioso administrativo ante de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el plazo de dos meses a contar del día siguiente de su publicación en el DOGC, de conformidad con lo que establece el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa.

Asimismo, pueden interponer potestativamente recurso de reposición, previo al recurso contencioso administrativo, ante la persona titular del Departamento de Educación, en el plazo de un mes a contar del día siguiente de su publicación en el DOGC, según el que disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y el artículo 77 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, o cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de sus intereses.



Barcelona, 23 de julio de 2020



Josep Bargalló Valls

Consejero de Educación

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