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Legislación básica
 

REAL DECRETO 1744/1998, de 31 de julio, sobre uso y supervisión de libros de texto y demás material curricular correspondientes a las enseñanzas de Régimen General.

Según lo establecido por la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y de Financiamiento de la Reforma Educativa, en su disposición adicional quinta, los libros y material necesario para el desarrollo del sistema educativo en los niveles de Educación Preescolar, Educación General Básica, Formación Profesional de primero y segundo grados y Bachillerato, estarán sujetos a la supervisión del Ministerio de Educación y Ciencia, de acuerdo con las normas que reglamentariamente se establezcan. Este precepto de la Ley 14/1970, de 4 de agosto, mantiene su vigencia en virtud de lo expresamente previsto al respecto por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, en su disposición final cuarta.
La referida disposición adicional quinta de la citada Ley 14/1970, de 4 de agosto, ha de entenderse actualmente referida a los libros de texto y demás material curricular destinados al desarrollo de las enseñanzas correspondientes establecidas mediante la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre. Asimismo, la facultad de supervisión que se reconoce al Ministerio de Educación y Ciencia ha de entenderse hoy atribuida a los órganos respectivos de las diversas Administraciones educativas en virtud de la distribución de competencias operada por la Constitución, los Estatutos de Autonomía y otras normas que integran el bloque de la constitucionalidad.
La supervisión de libros de texto y demás material didáctico prevista en la Ley 14/1970, de 4 de agosto, fue regulada reglamentariamente como supervisión previa, que a su vez se hacía consistir en la previa autorización administrativa de aquéllos, en cuanto a contenido y precio, mediante el Decreto 2531/1974, de 20 de julio, sobre autorizaciones de libros de texto y material didáctico. A los centros se les reconocía autonomía para adoptar los libros de texto y demás material didáctico, pero sólo de entre aquellos que contaran con dicha previa autorización de la autoridad educativa competente.
El Decreto 2531/1974, de 20 de julio, quedó derogado por el Real Decreto 388/1992, de 15 de abril, por el que se regula la supervisión de libros de texto y otros materiales curriculares para las enseñanzas de régimen general y su uso en los centros docentes. Esta nueva regulación del sistema de supervisión de los materiales curriculares editados con destino a su uso en los centros docentes pretende responder al carácter abierto que en la nueva ordenación del sistema educativo se confiere al currículo, respetar la autonomía de los centros y hacer posible el mejor ejercicio de los derechos y libertades de los padres, profesores, alumnos y editores. Pero también esta nueva regulación mantiene un régimen de supervisión previa referida de modo directo a los proyectos editoriales a partir de los cuales pueden editarse diversos materiales curriculares.
Ahora bien, por una parte, la disposición adicional quinta, todavía formalmente vigente, de la Ley 14/1970, de 4 de agosto, no impone en modo alguno que la supervisión de los libros de texto y demás material didáctico se lleve a cabo mediante un régimen de autorización previa, y, por otra, resulta plenamente conforme con el nuevo ordenamiento constitucional en general y con la nueva concepción del sistema educativo, así como, en particular, con la autonomía que ha de reconocerse a los centros docentes, un régimen jurídico en el que esa supervisión no revista el carácter de previa autorización. Así lo permite y aconseja también la experiencia ya obtenida en la aplicación del sistema establecido mediante el Real Decreto 388/1992, de 15 de abril.
Por todo ello, este Real Decreto, de exclusiva aplicación en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Cultura, concibe y regula esta supervisión de los libros de texto y demás materiales curriculares que se utilizan en los centros docentes, no como autorización administrativa, sino como parte de la supervisión e inspección ordinarias que a la Administración educativa competente

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