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Legislación básica
 

RESOLUCIÓN 1784/VI, de 13 de marzo de 2003, por la que se acuerda la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de calidad de la educación, y la recusación del presidente del Tribunal Constitucional (tram. 21200018/06).

Pleno del Parlamento

El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada el día 13 de marzo de 2003, ha debatido las propuestas de resolución formuladas por el Grupo Parlamentario Socialistes—Ciutadans pel Canvi, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya y por el Grupo Parlamentario de Iniciativa per Catalunya Verds (reg. 53845) y por más de una quinta parte de los diputados, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió (reg. 53905), para que el Parlamento interponga recurso de inconstitucionalidad contra la Ley orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de calidad de la educación.

Finalmente, el Pleno del Parlamento, de conformidad con los artículos 141.1, primero, y 142 del Reglamento, ha adoptado la siguiente Resolución:

El Pleno del Parlamento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 162.1.a de la Constitución española, 34.4 y 41 del Estatuto de autonomía de Cataluña y 79 y 32.2 de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional, conocido el Dictamen nº 237, de 18 de febrero de 2003, del Consejo Consultivo de la Generalidad, acuerda interponer recurso de inconstitucionalidad contra la Ley orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de calidad de la educación, concretamente los siguientes artículos:

a) Artículo 4, apartados 1 y 3, segundo párrafo; artículo 5; artículo 8, apartados 2 y 3, por lo que se refiere a la expresión "enseñanzas comunes"; artículo 10, apartado 2; artículo 16, apartados 3, 4 y 5; artículo 17, apartado 3, en sus dos últimos incisos; artículo 17, apartado 4; artículo 23, apartados 2, 3 y 4; artículo 24; artículo 26, apartado 2, tercer párrafo, y apartados 3 y 5; artículo 29, apartados 2 y 3; artículo 31, apartado 2, último inciso; artículo 32, apartado 3, desde "En los centros públicos (...)" hasta "(...) derecho administrativo."; artículo 35, apartados 4, 6, 8 y 9; artículo 40; artículo 41; artículo 42, apartados 1, segundo inciso, apartados 2 y 5; artículo 43; artículo 44; artículo 45; artículo 46; artículo 47; artículo 48; artículo 49, apartados 1 y 5; artículo 58, apartados 3 y 6, segundo inciso; artículo 59, apartado 1; artículo 61, apartado 2; artículo 66, apartados 1, 2, 3 y 4; artículo 76, apartado 2, en el inciso "(...) en ninguna de las cantidades (...)" hasta "(...) apartado siguiente."; artículo 76, apartado 3, letra c); artículo 85, apartado 3; artículo 92, apartado 3; artículo 101, apartados 2 y 3; artículo 102, apartado 2, en el inciso "(...) y de conformidad con las normas básicas que regulan esta materia."; artículo 105, apartado 1; artículo 106, apartados 1 y 2, y por conexión el apartado 3; artículo 107, apartados 2 y 3; disposición adicional segunda, apartado 3, primer inciso; disposición adicional tercera, apartados 1, 3 y 4; disposición adicional cuarta, apartado 1, segundo y tercer incisos, y apartado 2; disposición adicional octava, apartado 1, último inciso; disposición transitoria segunda, apartado 1; disposición transitoria sexta, apartado 4; disposición final tercera, apartado 2; disposición final novena.

b) Disposición final décima en la medida que atribuye carácter de ley orgánica a los siguientes preceptos: artículo 4, apartado 3, segundo párrafo; artículo 16, apartados 3, 4 y 5; artículo 23, apartado 2; artículo 24; artículo 26, apartado 2, tercer párrafo, y apartados 3 y 5; artículo 35, apartados 4, 6, 8 y 9; artículo 42, apartados 2 y 5; artículo 76, apartado 2, en el inciso "(...) en ninguna de las cantidades (...)" hasta "(...) apartado siguiente.", y apartado 3, letra c.

Asimismo, de acuerdo con los artículos 80 de la Ley 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, y concordantes de la Ley orgánica del poder judicial, el Pleno acuerda proponer y formalizar, simultáneamente a la interposición del recurso, incidente de recusación del presidente y magistrado del Tribunal Constitucional, señor Manuel Jiménez de Parga, para que se abstenga de conocer el referido recurso como consecuencia de haber contravenido al principio de imparcia


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