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Legislación básica
 

RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2002, de la Dirección General de Centros Docentes de la Conselleria de Cultura y Educación, por la que se regulan los comedores escolares de los centros docentes públicos no universitarios de titularidad de la Generalitat Valenciana.

La existencia del servicio de comedor en los centros docentes públicos no
universitarios de titularidad de la Generalitat Valenciana es una realidad que
precisa de una nueva regulación especifica en cuanto a su funcionamiento de
modo que éste sea más acorde a las necesidades reales del alumnado escolarizado
usuario de este servicio.
Los cambios operados en la sociedad y en el propio sistema educativo hacen
aconsejable una regulación del servicio de comedor escolar que asegure, por un
lado, la prestación de este servicio complementario de la educación al alumnado
que deba desplazarse fuera de su localidad de residencia para cursar las
enseñanzas obligatorias y, por otro, facilite la extensión del servicio a
aquellos centros docentes que deseen prestarlo con carácter opcional para el
alumnado.
La Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre de Ordenación General del sistema
Educativo (BOE de 4 de octubre de 1990) establece la obligatoriedad de la
escolarización por parte de los poderes públicos en la localidad de residencia,
permitiéndose, de manera excepcional en aquellas zonas rurales en que se
considere aconsejable, cuando se trate de los niveles de educación primaria y
de educación secundaria obligatoria, la escolarización de los niños en un
municipio próximo al de su residencia para garantizar la calidad de la
enseñanza. En este supuesto, las Administraciones educativas prestarán de forma
gratuita los servicios escolares de transporte, comedor y, en su caso,
internado. No obstante, el carácter excepcional que en su momento previó la
LOGSE al especificar determinadas condiciones sociales de las poblaciones, ha
demostrado no ser acorde con la realidad hacia la que la sociedad ha
evolucionado. Así, es cada vez más frecuente la proliferación de zonas
residenciales alejadas de los núcleos escolares, cuya población no tiene un
peso específico suficiente para la ubicación de un centro escolar que permita
la escolarización, pero que debe, indudablemente, tener garantizada la
escolarización de su alumnado en los términos de calidad en que se encuentra
definido el actual sistema educativo.
Esta nueva realidad ha abocado a la necesidad de una correcta planificación y
prestación del servicio de transporte escolar, lo que en muchos casos conlleva
la necesaria prestación del servicio de comedor escolar por parte de los
centros de titularidad de la Generalitat Valenciana. Servicio que, en estos
momentos, y a la vista de la necesaria generalización de niveles educativos no
obligatorios, hace necesario realizar una adecuada planificación de las
necesidades de uso de este servicio por parte de alumnado que, en su gran
mayoría, no se había incorporado al sistema educativo hasta el momento actual.
La misma evolución del sistema educativo ha llevado a incidir de manera
significativa en la autonomía de gestión de la que el equipo de los centros
debe de gozar, de forma que, cada vez más se encuentran involucrados en el
funcionamiento diario de los centros, no tan solo en sus aspectos docentes,
sino también en los aspectos cotidianos que tienen un efecto directo sobre el
colectivo escolar. Es este equipo directivo, junto con los distintos órganos
colegiados de gobierno, el que, en atención a las características propias del
centro, se erige como el máximo órgano decisor del funcionamiento de los
aspectos del centro y, entre ellos, el del comedor escolar.
Considerando que la normativa que en estos momentos regula este servicio
requiere ser actualizada, con el fin de garantizar un adecuado funcionamiento
de los comedores escolares que permita dar una correcta satisfacción a las
necesidades que la sociedad demanda a la vez que potenciar la autonomía de los
centros y el ejercicio de su capacidad organizativa, en uso de las competencias
atribuidas por el Decreto 111/2000, de 18 de julio (DOGV núm. 3798 de
21.7.2000), del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba


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