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Legislación básica
 

Decreto 21/2004, de 18 de marzo, sobre elección de centro, criterios de admisión de alumnos en centros no universitarios sostenidos con fondos públicos y acceso a determinadas enseñanzas.

La disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, concreta como criterios prioritarios para adjudicar plaza escolar cuando no existen plazas suficientes la renta per cápita de la unidad familiar, proximidad del domicilio, existencia de hermanos matriculados en el centro, concurrencia de discapacidad en el alumno o en alguno de sus padres o hermanos y condición legal de familia numerosa, así mismo, considera criterio prioritario la concurrencia en los alumnos de enfermedad crónica que afecte al sistema digestivo, endocrino o metabólico y exija como tratamiento esencial el seguimiento de una dieta compleja y un estricto control alimenticio cuyo cumplimiento condicione de forma determinante el estado de salud física del alumno.
Por otra parte, la citada Ley determina que los padres tienen derecho a la libre elección de centro, y que en ningún caso, habrá discriminación en la admisión de alumnos por razones, ideológicas, religiosas, morales, sociales, de raza o nacimiento.
Al mismo tiempo define que se entiende por alumnos con necesidades educativas especiales aquéllos que padecen discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, o por manifestar graves trastornos de personalidad o de conducta.
Es sensible también la presente regulación a la necesidad de ordenar la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales o que presenta carencias socioculturales agudas así como del alumnado extranjero, de forma que se aprovechen los recursos públicos a ellos destinados y se respete una igual proporción de dichos alumnos por unidad en los centros docentes de la zona que se trate, con la salvedad de aquellos supuestos en que sea aconsejable otro criterio para garantizar una mejor respuesta educativa a los alumnos.
Los centros de especialización curricular a que se refiere el artículo 66 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, podrán incluir, como criterios complementarios, otros que respondan a las características propias de su oferta educativa, de acuerdo con lo que establezca la Administración Educativa correspondiente.
En los procedimientos de admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos que impartan las enseñanzas de grado superior de Formación Profesional, cuando no existan plazas suficientes, tendrán prioridad quienes hayan cursado la modalidad de Bachillerato que, en cada caso, se determine o quienes accedan a estas enseñanzas a través de la prueba establecida en el artículo 38 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre.
En los procedimientos de admisión de alumnos sostenidos con fondos públicos que impartan las enseñanzas de grado medio de Formación Profesional, cuando no existan plazas suficientes, se aplicarán los criterios previstos en el apartado 3 de la disposición adicional quinta de dicha Ley.
Aquellos alumnos que cursen enseñanzas de música y danza y enseñanzas de régimen general, tendrán prioridad para ser admitidos en los centros que impartan enseñanzas de régimen general que la Administración Educativa determine.
El Estatuto de Autonomía de La Rioja, dispone en su artículo 10.1 que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que atribuyen al Estado el artículo 149.1.30.a) y de la Alta Inspección para su cumplimiento y garantía.
Las modificaciones de carácter normativo y los cambios sociales indicados, así como el hecho de iniciar el proceso de implantación del nuevo sistema educativo y la conveniencia de disponer de una reglamentación general y de un procedimiento con la máxima claridad y simplificación, hacen necesaria esta nueva normativa.
En su virtud, el Consejo de


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