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Legislación básica
 

DECRETO 51/2007, de 17 de mayo, por el que se regulan los derechos y deberes de los alumnos y la participación y los compromisos de las familias en el proceso educativo, y se establecen las normas de convivencia y disciplina en los Centros Educativos de Castilla y León.
PARTE II


CAPÍTULO II
Instrumentos para favorecer la convivencia en el Centro
Artículo 26.– Instrumentos de la convivencia en los centros educativos.
El plan de convivencia del centro y el reglamento de régimen interior,
que atenderán, en todo caso, a lo dispuesto en el presente Decreto, deberán
contribuir a favorecer el adecuado clima de trabajo y respeto mutuo
entre los miembros de la comunidad educativa.
Artículo 27.– El plan de convivencia.
1. Los centros, teniendo en cuenta las medidas e iniciativas propuestas
por el consejo escolar y el claustro de profesores, elaborarán su plan
de convivencia, que se incorporará a la programación general anual y
deberá contener, al menos, los siguientes apartados:
a) Descripción de los aspectos del entorno del centro, identificando
los que influyen en la convivencia.
b) Objetivos a conseguir y actitudes que pretende favorecer el desarrollo
del plan.
c) Actividades previstas para la consecución de los objetivos.
d) Mecanismos para la difusión, seguimiento y evaluación del plan.
2. Al final de cada curso, se evaluará el plan, y en el siguiente se introducirán
las modificaciones pertinentes que se recogerán en la programación
general anual.
3. El plan de convivencia, una vez elaborado, será aprobado por el
consejo escolar, según lo previsto en el artículo 19.a) de este Decreto.
Artículo 28.– El reglamento de régimen interior.
El reglamento de régimen interior, en lo relativo a la convivencia
escolar, deberá:
a) Precisar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes,
regulados en el título I de este Decreto.
b) Establecer las normas de convivencia, que incluyan tanto los
mecanismos favorecedores del ejercicio de los derechos y deberes
de los alumnos, como las medidas preventivas y la concreción de
las conductas contrarias a las normas de convivencia en el centro,
todo ello en el marco de lo dispuesto en el presente Decreto.
c) Fijar las normas de organización y participación para la mejora de
la convivencia en el centro, entre ellas, las de la comisión de
convivencia.
d) Establecer los procedimientos de actuación en el centro ante situaciones
de conflicto y el sistema de registro de las actuaciones llevadas
a cabo.
e) Concretar el desarrollo de la mediación y los procesos de acuerdo
reeducativo para la resolución de conflictos, de acuerdo con lo
establecido en el capítulo IV del título III de este Decreto.
TÍTULO III
La disciplina escolar
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 29.– Calificación de las conductas que perturban la convivencia
y tipos de corrección.
1. Las conductas de los alumnos perturbadoras de la convivencia en
el centro podrán ser calificadas como:
a) Conductas contrarias a las normas de convivencia del centro.
b) Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro,
que serán calificadas como faltas.
B.O.C. y L. - N.º 99 Miércoles, 23 de mayo 2007 10921
2. El tipo de corrección de las conductas recogidas en el apartado
anterior podrá ser:
a) Actuaciones inmediatas: aplicables a todas las conductas que perturban
la convivencia en el centro, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 35 de este Decreto, con el objetivo principal del
cese de la conducta.
b) Medidas posteriores: una vez desarrolladas las actuaciones inmediatas,
y en función de las características de la conducta, se podrán
adoptar además las siguientes medidas:
1.º– Medidas de corrección en el caso de conductas contrarias a
las normas de convivencia del centro, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 38.
2.º– Mediación y procesos de acuerdo reeducativo, según lo dispuesto
en el capítulo IV de este título.
3.º– Apertura de procedimientos sancionadores, en el caso de conductas
gravemente perjudiciales para la convivencia en el
centro, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo V de
este título.
Artículo 30.– Criterios para la aplicación de las actuaciones correctoras.
1. La comunidad educativa, y en especial el profesorado, ante las conductas
de los alumnos perturbadoras de la convivencia en el centro, aplicará
las correcciones que, en su caso, correspondan.
2. Los alumnos no pueden ser privados del ejercicio de su derecho a
la educación y, en el caso de la educación obligatoria, de su derecho a la
escolaridad.
3. En ningún caso se llevarán a cabo correcciones que menoscaben la
integridad física o la dignidad personal del alumno.
4. Las correcciones que sea preciso aplicar tendrán carácter educativo
y supondrán, en primera instancia, la actuación inmediata y directa del
profesor sobre la conducta del alumno afectado, pudiendo ir seguidas de
medidas posteriores.
5. Las correcciones deberán guardar la adecuada proporcionalidad
con la naturaleza de las conductas perturbadoras y deberán contribuir a
mantener y mejorar el proceso educativo del alumno.
6. En las correcciones deberá tenerse en cuenta el nivel académico y la
edad del alumno, así como las circunstancias personales, familiares o sociales
que puedan haber incidido en la aparición de la conducta perturbadora.
7. La calificación de la conducta perturbadora del alumno y el desarrollo
de las actuaciones inmediatas, determinará la adopción de medidas
de corrección o la apertura de procedimiento sancionador.
8. Las medidas de corrección que se lleven a cabo sobre las conductas
especificadas en el artículo 37.1.e) y que, dada su reiteración, pudieran
ser consideradas como conductas disruptivas en el ámbito escolar,
deberán ir acompañadas por las actuaciones de ajuste curricular y las
estrategias de trabajo que se estimen necesarias por parte del profesorado.
9. El reglamento de régimen interior del centro establecerá los cauces
oportunos para favorecer y facilitar la implicación de los padres o tutores
legales del alumno en las actuaciones correctoras previstas en este Decreto.
10. El director del centro, de acuerdo con las normas establecidas en
reglamento de régimen interior, comprobará si, a partir del tercer curso de
la educación secundaria obligatoria, la inasistencia a clase de los alumnos,
por decisión colectiva, se ajusta a lo dispuesto en el artículo 8 de la
Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.
Así mismo, adoptará las medidas necesarias para que esta situación
no repercuta en el rendimiento académico de los alumnos y garantizará el
derecho de aquellos que no deseen secundar las decisiones sobre la asistencia
a clase a permanecer en el centro debidamente atendidos.
Artículo 31.– Ámbito de las conductas a corregir.
1. La facultad de llevar a cabo actuaciones correctoras sobre las conductas
perturbadoras de la convivencia se extenderá a las ocurridas dentro
del recinto escolar en horario lectivo, durante la realización de actividades
complementarias o extraescolares o en los servicios de comedor y
transporte escolar.
2. También podrán llevarse a cabo actuaciones correctoras en relación
con aquellas conductas de los alumnos que, aunque se realicen fuera del
recinto escolar, estén directa o indirectamente relacionadas con la vida
escolar y afecten a algún miembro de la comunidad educativa. Todo ello sin
perjuicio de la obligación de poner en conocimiento de las autoridades
competentes dichas conductas y de que pudieran ser sancionadas por otros
órganos o administraciones, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Artículo 32.– Gradación de las medidas correctoras y de las sanciones.
1. Aefectos de la gradación de las medidas de corrección y de las sanciones,
se consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad:
a) El reconocimiento espontáneo de la conducta, así como la petición
de excusas y la reparación espontánea del daño producido ya sea
físico o moral.
b) La falta de intencionalidad.
c) El carácter ocasional de la conducta.
d) El supuesto previsto en el artículo 44.4.
e) Otras circunstancias de carácter personal que puedan incidir en su
conducta.
2. A los mismos efectos, se consideran circunstancias que agravan la
responsabilidad:
a) La premeditación.
b) La reiteración.
c) La incitación o estímulo a la actuación individual o colectiva lesiva
de los derechos de los demás miembros de la comunidad educativa.
d) La alarma social causada por las conductas perturbadoras de la
convivencia, con especial atención a aquellos actos que presenten
características de acoso o intimidación a otro alumno.
e) La gravedad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de
los integrantes de la comunidad educativa.
f) La publicidad o jactancia de conductas perturbadoras de la convivencia
a través de aparatos electrónicos u otros medios.
3. En el caso de que concurran circunstancias atenuantes y agravantes
ambas podrán compensarse.
4. Cuando la reiteración se refiera a la conducta especificada en el
artículo 37.1.c, las medidas a llevar a cabo sobre dicha conducta deberán
contemplar la existencia, en su caso, de programas específicos de actuación
sobre las mismas.
Artículo 33.– Responsabilidad por daños.
1. Los alumnos que individual o colectivamente causen daños de
forma intencionada o por negligencia a las instalaciones del centro o a su
material, así como a los bienes y pertenencias de cualquier miembro de
la comunidad educativa, quedan obligados a reparar el daño causado o
hacerse cargo del coste económico de su reparación, en los términos previstos
en la legislación vigente.
2. Los alumnos que sustrajeren bienes del centro o de cualquier
miembro de la comunidad escolar deberán restituir lo sustraído, de acuerdo
con la legislación vigente, sin perjuicio de la corrección a que hubiera
lugar.
3. Los padres o tutores legales del alumno serán responsables civiles
en los términos previstos en las leyes.
Artículo 34.– Coordinación interinstitucional.
1. De acuerdo con la disposición adicional vigésimo tercera de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para una mayor precisión
y eficacia de las actuaciones correctoras, los centros podrán recabar los
informes que se estimen necesarios acerca de las circunstancias personales,
familiares o sociales del alumno a los padres o tutores legales o, en
su caso, a las instituciones públicas competentes.
2. En aquellos supuestos en los que, una vez llevada a cabo la corrección
oportuna, el alumno siga presentando reiteradamente conductas perturbadoras
para la convivencia en el centro, éste dará traslado, previa
comunicación a los padres o tutores legales en el caso de menores de
edad, a las instituciones públicas del ámbito sanitario, social o de otro
tipo, de la necesidad de adoptar medidas dirigidas a modificar aquellas
circunstancias personales, familiares o sociales del alumno que puedan
ser determinantes de la aparición y persistencia de dichas conductas.
3. En aquellas actuaciones y medidas de corrección en las que el centro
reclame la implicación directa de los padres o tutores legales del
alumno y éstos la rechacen de forma expresa, el centro pondrá en conocimiento
de las instituciones públicas competentes los hechos, con el fin
de que adopten las medidas oportunas para garantizar los derechos del
alumno contenidos en el capítulo II del título I y el cumplimiento de los
deberes recogidos en el artículo 17.2, con especial atención al contenido
en su letra a).
10922 Miércoles, 23 de mayo 2007 B.O.C. y L. - N.º 99
CAPÍTULO II
Actuaciones inmediatas
Artículo 35.– Actuaciones inmediatas.
1. Las actuaciones inmediatas tienen como objetivo el cese de la conducta
perturbadora de la convivencia, sin perjuicio de su calificación
como conducta contraria a las normas de convivencia o gravemente perjudicial
para la convivencia en el centro, al objeto de aplicar las medidas
posteriores previstas en el artículo 29.2.b).
2. Con carácter inmediato a la conducta de un alumno que perturbe la
convivencia en el centro, el profesor llevará a cabo una o varias de las
siguientes actuaciones:
a) Amonestación pública o privada.
b) Exigencia de petición pública o privada de disculpas.
c) Suspensión del derecho a permanecer en el lugar donde se esté llevando
a cabo la actividad durante el tiempo que estime el profesor.
La suspensión de este derecho estará regulada en el reglamento de
régimen interior del centro, quedando garantizado, en todos los
casos, el control del alumno y la comunicación posterior, en caso
de ser necesario, al jefe de estudios.
d) Realización de trabajos específicos en períodos de recreo u horario no
lectivo, en este caso con permanencia o no en el centro.
Artículo 36.– Competencia.
1. Las actuaciones inmediatas serán llevadas a cabo por cualquier
profesor del centro, dado su carácter directo e inmediato a la conducta
perturbadora.
2. El profesor comunicará las actuaciones inmediatas llevadas a cabo
al tutor del alumno, que será quién, de acuerdo con la dirección del centro,
determinará la oportunidad de informar a la familia del alumno. Asimismo,
dará traslado al jefe de estudios, en su caso, tanto de las actuaciones
que se especifican en el artículo 35.2.c) como de aquellas
situaciones en las que las características de la conducta perturbadora, su
evolución, una vez llevada a cabo la actuación inmediata, y la posible
calificación posterior, lo hagan necesario. El procedimiento de comunicación
será precisado en el reglamento de régimen interior del centro.
CAPÍTULO III
Conductas contrarias a las normas de convivencia en el Centro
Artículo 37.– Conductas contrarias a las normas de convivencia del
centro.
1. Se considerarán conductas contrarias a las normas de convivencia
del centro las siguientes:
a) Las manifestaciones expresas contrarias a los valores y derechos
democráticos legalmente establecidos.
b) Las acciones de desconsideración, imposición de criterio, amenaza,
insulto y falta de respeto, en general, a los miembros de la
comunidad educativa, siempre que no sean calificadas como faltas.
c) La falta de puntualidad o de asistencia a clase, cuando no esté
debidamente justificada.
d) La incorrección en la presencia, motivada por la falta de aseo personal
o en la indumentaria, que pudiera provocar una alteración en
la actividad del centro, tomando en consideración, en todo caso,
factores culturales o familiares.
e) El incumplimiento del deber de estudio durante el desarrollo de la
clase, dificultando la actuación del profesorado y del resto de
alumnos.
f) El deterioro leve de las dependencias del centro, de su material o
de pertenencias de otros alumnos, realizado de forma negligente o
intencionada.
g) La utilización inadecuada de aparatos electrónicos.
h) Cualquier otra incorrección que altere el normal desarrollo de la
actividad escolar y no constituya falta según el artículo 48 de este
Decreto.
2. Los reglamentos de régimen interior de los centros podrán concretar
estas conductas con el fin de conseguir su adaptación a los distintos
niveles académicos, modalidades de enseñanza y contexto de cada centro.
Artículo 38.– Medidas de corrección.
1. Las medidas de corrección que se pueden adoptar en el caso de
conductas contrarias a las normas de convivencia del centro son las
siguientes:
a) Amonestación escrita.
b) Modificación temporal del horario lectivo, tanto en lo referente a
la entrada y salida del centro como al periodo de permanencia en
él, por un plazo máximo de 15 días lectivos.
c) Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de
las actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar el daño
causado a las instalaciones o al material del centro o a las pertenencias
de otros miembros de la comunidad educativa por un
máximo de 5 días lectivos.
d) Realización de tareas de apoyo a otros alumnos y profesores por
un máximo de 15 días lectivos.
e) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares
del centro por un periodo máximo de 15 días.
f) Cambio de grupo del alumno por un máximo de 15 días lectivos.
g) Suspensión del derecho de asistir a determinadas clases por un
periodo no superior a 5 días lectivos. Durante dicho periodo quedará
garantizada la permanencia del alumno en el centro, llevando
a cabo las tareas académicas que se le encomienden.
2. Para la aplicación de estas medidas de corrección, salvo la prevista
en el apartado 1. a), será preceptiva la audiencia al alumno y a sus
padres o tutores legales en caso de ser menor de edad. Así mismo se
comunicara formalmente su adopción.
Artículo 39.– Competencia.
La competencia para la aplicación de las medidas previstas en el
artículo 38 corresponde al director del centro, teniendo en cuenta la posibilidad
de delegación prevista en el artículo 22.2.b) de este Decreto.
Artículo 40.– Régimen de prescripción.
Las conductas contrarias a las normas de convivencia en el centro
prescribirán en el plazo de 30 días, contado a partir de la fecha de su
comisión. Asimismo las medidas correctoras impuestas por estas conductas,
prescribirán en el plazo de 30 días desde su imposición.
CAPÍTULO IV
La mediación y los procesos de acuerdo reeducativo
Artículo 41.– Disposiciones comunes.
1. Dentro de las medidas dirigidas a solucionar los conflictos provocados
por las conductas de los alumnos perturbadoras de la convivencia
en el centro, podrán llevarse a cabo actuaciones de mediación y procesos
de acuerdo reeducativo de conformidad con lo dispuesto en este capítulo.
2. Para la puesta en práctica de dichas medidas se tendrán en cuenta
los siguientes aspectos:
a) Cuando se lleven a cabo en conflictos motivados por conductas
perturbadoras calificadas como contrarias a las normas de convivencia
podrán tener carácter exclusivo o conjunto con otras medidas
de corrección de forma previa, simultánea o posterior a ellas.
b) Cuando se lleven a cabo en conflictos generados por conductas
perturbadoras calificadas como gravemente perjudiciales para la
convivencia en el centro y se haya iniciado la tramitación de un
procedimiento sancionador, éste quedará provisionalmente interrumpido
cuando el centro tenga constancia expresa, mediante un
escrito dirigido al director, de que el alumno o alumnos implicados
y los padres o tutores legales, en su caso, aceptan dichas medidas
así como su disposición a cumplir los acuerdos que se alcancen.
Igualmente se interrumpirán los plazos de prescripción y las medidas
cautelares, si las hubiere.
c) No se llevarán a cabo en el caso de conductas gravemente perjudiciales
para la convivencia en las que concurran alguna de las circunstancias
agravantes de la responsabilidad que se mencionan en
el artículo 32.2 de este Decreto.
d) Una vez aplicada una sanción, podrán llevarse a cabo actuaciones
de mediación y procesos de acuerdo reeducativo que, con carácter
voluntario, tendrán por objeto prevenir la aparición de nuevas conductas
perturbadoras de la convivencia escolar.
B.O.C. y L. - N.º 99 Miércoles, 23 de mayo 2007 10923
e) Así mismo, y dadas sus características, podrán desarrollarse, inclusive,
con conductas no calificadas como perturbadoras para la convivencia
en el centro. En este caso tendrán el carácter de estrategias
preventivas para la resolución de conflictos y podrán ponerse
en práctica con todos los miembros de la comunidad educativa.
Sección 1.ª– La mediación escolar
Artículo 42.– Definición y objetivos.
1. La mediación es una forma de abordar los conflictos surgidos entre
dos o más personas, contando para ello con la ayuda de una tercera persona
denominada mediador.
2. El principal objetivo de la mediación es analizar las necesidades de
las partes en conflicto, regulando el proceso de comunicación en la búsqueda
de una solución satisfactoria para todas ellas.
Artículo 43.– Aspectos básicos para su puesta en práctica.
Además de las disposiciones comunes establecidas en el artículo 41,
para el desarrollo de la mediación será preciso tener en cuenta lo siguiente:
a) La mediación tiene carácter voluntario, pudiendo ofrecerse y acogerse
a ella todos los alumnos del centro que lo deseen.
b) La mediación está basada en el diálogo y la imparcialidad, y su
finalidad es la reconciliación entre las personas y la reparación, en
su caso, del daño causado. Asimismo, requiere de una estricta
observancia de confidencialidad por todas las partes implicadas.
c) Podrá ser mediador cualquier miembro de la comunidad educativa
que lo desee, siempre y cuando haya recibido la formación adecuada
para su desempeño.
d) El mediador será designado por el centro, cuando sea éste quien
haga la propuesta de iniciar la mediación y por el alumno o alumnos,
cuando ellos sean los proponentes. En ambos casos, el mediador
deberá contar con la aceptación de las partes afectadas.
e) La mediación podrá llevarse a cabo con posterioridad a la ejecución
de una sanción, con el objetivo de restablecer la confianza
entre las personas y proporcionar nuevos elementos de respuesta
en situaciones parecidas que se puedan producir.
Artículo 44.– Finalización de la mediación.
1. Los acuerdos alcanzados en la mediación se recogerán por escrito,
explicitando los compromisos asumidos y el plazo para su ejecución.
2. Si la mediación finalizase con acuerdo de las partes, en caso de
haberse iniciado un procedimiento sancionador y una vez llevados a cabo
los acuerdos alcanzados, la persona mediadora lo comunicará por escrito
al director del centro quien dará traslado al instructor para que proceda al
archivo del expediente sancionador.
3. En caso de que la mediación finalice sin acuerdo entre las partes, o
se incumplan los acuerdos alcanzados, el mediador comunicará el hecho
al director para que actúe en consecuencia, según se trate de una conducta
contraria a las normas de convivencia, aplicando las medidas de
corrección que estime oportunas, o gravemente perjudicial para la convivencia
en el centro, dando continuidad al procedimiento sancionador
abierto, reanudándose el computo de plazos y la posibilidad de adopción
de medidas cautelares previstas en el artículo 51 de este Decreto.
4. Cuando no se pueda llegar a un acuerdo, o no pueda llevarse a cabo
una vez alcanzado, por causas ajenas al alumno infractor o por negativa
expresa del alumno perjudicado, esta circunstancia deberá ser tenida en
cuenta como atenuante de la responsabilidad.
5. El proceso de mediación debe finalizar con el cumplimiento de los
acuerdos alcanzados, en su caso, en el plazo máximo de diez días lectivos,
contados desde su inicio. Los periodos de vacaciones escolares interrumpen
el plazo.
Sección 2.ª– Los procesos de acuerdo reeducativo
Artículo 45.– Definición y objetivos.
1. El proceso de acuerdo reeducativo es una medida dirigida a gestionar
y solucionar los conflictos surgidos por la conducta o conductas perturbadoras
de un alumno, llevada a cabo mediante un acuerdo formal y
escrito, entre el centro, el alumno y sus padres o tutores legales, en el caso
de alumnos menores de edad, por el que todos ellos adoptan libremente
unos compromisos de actuación y las consecuencias que se derivarán de
su desarrollo.
2. Estos procesos tienen como principal objetivo cambiar las conductas
del alumno que perturben la convivencia en el centro y, en especial,
aquellas que por su reiteración dificulten su proceso educativo o el de sus
compañeros.
Artículo 46.– Aspectos básicos.
1. Los procesos de acuerdo reeducativo se llevarán a cabo por iniciativa
de los profesores y estarán dirigidos a los alumnos, siendo imprescindible
para su correcta realización la implicación de los padres o tutores
legales, si se trata de menores de edad.
2. Los procesos de acuerdo reeducativo tienen carácter voluntario.
Los alumnos y los padres o tutores legales, en su caso, ejercitarán la
opción de aceptar o no la propuesta realizada por el centro para iniciar el
proceso. De todo ello se dejará constancia escrita en el centro.
3. Se iniciarán formalmente con la presencia del alumno, de la madre
y el padre o de los tutores legales y de un profesor que coordinará el proceso
y será designado por el director del centro.
4. En el caso de que se acepte el inicio de un proceso de acuerdo reeducativo
como consecuencia de una conducta gravemente perjudicial
para la convivencia del centro se estará a lo dispuesto en el artículo
41.2.b). Si no se aceptara se aplicarán las medidas posteriores que correspondan,
sin perjuicio, en su caso, de proceder conforme al artículo 34.3
de este Decreto.
5. El documento en el que consten los acuerdos reeducativos debe
incluir, al menos:
a) La conducta que se espera de cada una de los implicados.
b) Las consecuencias que se derivan del cumplimiento o no de los
acuerdos pactados.
Artículo 47.– Desarrollo y seguimiento.
1. Para supervisar el cumplimiento de los acuerdos adoptados los centros
podrán establecer las actuaciones que estimen oportunas, de acuerdo
con lo establecido en el presente Decreto.
2. Se constituirán comisiones de observancia para dar por concluido
el proceso de acuerdo reeducativo o para analizar determinadas situaciones
que lo requieran. Dichas comisiones estarán formadas, al menos, por
la madre y el padre del alumno o, en su caso, sus tutores legales, el profesor
coordinador del acuerdo reeducativo, el tutor del alumno, en caso
de ser distinto del anterior, y el director del centro o persona en quien
delegue.
3. Si la comisión de observancia constatase el cumplimiento de lo
estipulado en el acuerdo reeducativo, en caso de haberse iniciado un procedimiento
sancionador el director del centro dará traslado al instructor
para que proceda al archivo del expediente disciplinario.
4. En caso de que la comisión de observancia determinase el incumplimiento
de lo estipulado en el acuerdo reeducativo, el director actuará
en consecuencia, según se trate de una conducta contraria a las normas de
convivencia, aplicando las medidas de corrección que estime oportunas,
o gravemente perjudicial para la convivencia en el centro, dando continuidad
al procedimiento sancionador abierto, reanudándose el computo
de plazos y la posibilidad de adopción de medidas cautelares previstas en
el artículo 51 de este Decreto. Así mismo, podrá actuar conforme a lo dispuesto
el artículo 34.3 de este Decreto.
5. Los acuerdos reeducativos se llevarán a cabo por periodos de 25
días lectivos. Este periodo comenzará a contabilizarse desde la fecha de
la primera reunión presencial de las partes intervinientes en el acuerdo.
CAPÍTULO V
Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro
Artículo 48.– Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia
en el centro.
Se considerarán conductas gravemente perjudiciales para la convivencia
en el centro y, por ello, calificadas como faltas, las siguientes:
a) La falta de respeto, indisciplina, acoso, amenaza y agresión verbal
o física, directa o indirecta, al profesorado, a cualquier miembro de
la comunidad educativa y, en general, a todas aquellas personas
que desarrollan su prestación de servicios en el centro educativo.
b) Las vejaciones o humillaciones a cualquier miembro de la comunidad
educativa, particularmente aquéllas que tengan una implicación
de género, sexual, racial o xenófoba, o se realicen contra el
alumnado más vulnerable por sus características personales, sociales
o educativas.
c) La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la
falsificación o sustracción de documentos y material académico.
d) El deterioro grave, causado intencionadamente, de las dependencias
del centro, de su material o de los objetos y las pertenencias
de los demás miembros de la comunidad educativa.
e) Las actuaciones y las incitaciones a actuaciones perjudiciales para
la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad
educativa del centro.
f) La reiteración en la comisión de conductas contrarias a las normas
de convivencia en el centro.
Artículo 49.– Sanciones.
Las sanciones que pueden imponerse por la comisión de las faltas previstas
en el artículo 48 son las siguientes:
a) Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de
las actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar el daño
causado a las instalaciones o al material del centro o a las pertenencias
de otros miembros de la comunidad educativa. Dichas
tareas no podrán tener una duración inferior a 6 días lectivos ni
superior a 15 días lectivos.
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares
del centro por un periodo superior a 15 días lectivos e inferior
a 30 días lectivos.
c) Cambio de grupo del alumno durante un periodo comprendido
entre 16 días lectivos y la finalización del curso escolar.
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases o a
todas ellas, por un periodo superior a 5 días lectivos e inferior a 30
días lectivos, sin que eso comporte la pérdida del derecho a la evaluación
continua y entregando al alumno un programa de trabajo
para dicho periodo, con los procedimientos de seguimiento y control
oportunos, con el fin de garantizar dicho derecho.
e) Cambio de centro.
Artículo 50.– Incoación del expediente sancionador.
1. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el
centro sólo podrán ser sancionadas previa tramitación del correspondiente
procedimiento.
2. El procedimiento se iniciará de oficio mediante acuerdo del director
del centro, a iniciativa propia o a propuesta de cualquier miembro de
la comunidad educativa, en un plazo no superior a dos días lectivos desde
el conocimiento de los hechos.
3. La incoación de los procedimientos sancionadores se formalizará
con el siguiente contenido:
a) Hechos que motivan el expediente, fecha en la que tuvieron lugar,
conducta gravemente perjudicial para la convivencia cometida y
disposiciones vulneradas.
b) Identificación del alumno o alumnos presuntamente responsables.
c) Nombramiento de un instructor y, en su caso, cuando la complejidad
del expediente así lo requiera, de un secretario. Tanto el nombramiento
del instructor como el del secretario recaerá en el personal
docente del centro, estando ambos sometidos al régimen de
abstención y recusación establecido en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. El acuerdo de incoación
contendrá una expresa referencia al régimen de recusación.
d) En su caso, la posibilidad de acogerse a los procesos para la resolución
de conflictos establecidos en el capítulo IV de este título.
4. La incoación del procedimiento se comunicará al instructor y, si lo
hubiere, al secretario, y simultáneamente se notificará al alumno y a sus
padres o tutores legales, cuando este sea menor de edad. Asimismo, se
comunicará, en su caso, a quién haya propuesto su incoación y al inspector
de educación del centro, a quién se mantendrá informado de su tramitación.
Artículo 51.– Medidas cautelares.
1. Por propia iniciativa o a propuesta del instructor, el director del
centro podrá adoptar motivadamente las medidas cautelares de carácter
provisional que sean necesarias para garantizar el normal desarrollo de la
actividad del centro y asegurar la eficacia de la resolución final que
pudiera recaer. Las medidas cautelares podrán consistir en el cambio temporal
de grupo, o en la suspensión temporal de la asistencia a determinadas
clases, actividades complementarias o extraescolares o al propio centro.
2. El periodo máximo de duración de estas medidas será de 5 días lectivos.
El tiempo que haya permanecido el alumno sujeto a la medida cautelar
se descontará, en su caso, de la sanción a cumplir.
3. Las medidas cautelares adoptadas serán notificadas al alumno, y, si
éste es menor de edad, a sus padres o tutores legales. El director podrá
revocar, en cualquier momento, estas medidas.
Artículo 52.– Instrucción.
1. El instructor, desde el momento en que se le notifique su nombramiento,
llevará a cabo las actuaciones necesarias para el esclarecimiento
de los hechos y la determinación de las responsabilidades, formulando, en
el plazo de tres días lectivos, un pliego de cargos que contendrá los
siguientes extremos:
a) Determinación de los hechos que se imputan al alumno de forma
clara y concreta.
b) Identificación del alumno o alumnos presuntamente responsables.
c) Sanciones aplicables.
2. El pliego de cargos se notificará al alumno y a sus padres o representantes
legales si aquél fuere menor, concediéndole un plazo de dos
días lectivos para alegar cuanto estime oportuno y proponer la práctica de
las pruebas que a la defensa de sus derechos o intereses convenga. Si el
instructor acordara la apertura de periodo probatorio, éste tendrá una
duración no superior a dos días.
3. Concluida la instrucción del expediente el instructor redactará en el
plazo de dos días lectivos la propuesta de resolución bien proponiendo la
declaración de no existencia de infracción o responsabilidad sobre los
hechos bien apreciando su existencia, en cuyo caso, la propuesta de resolución
contendrá los siguientes extremos:
a) Hechos que se consideren probados y pruebas que lo han acreditado.
b) Calificación de la conducta o conductas perturbadoras en el marco
del presente Decreto.
c) Alumno o alumnos que se consideren presuntamente responsables.
d) Sanción aplicable de entre las previstas en el artículo 49 y valoración
de la responsabilidad del alumno, con especificación, si procede,
de las circunstancias la agraven o atenuen.
e) Especificación de la competencia del director para resolver.
4. El instructor, acompañado del profesor-tutor, dará audiencia al
alumno, y si es menor, también a sus padres o representantes legales, para
comunicarles la propuesta de resolución y ponerles de manifiesto el expediente,
concediéndoles un plazo de dos días lectivos para formular alegaciones
y presentar los documentos que estimen pertinentes.
5. Recibidas por el instructor las alegaciones y documentos o transcurrido
el plazo de audiencia, elevará todo el expediente al órgano competente
para adoptar su resolución final.
Artículo 53.– Resolución.
1. Corresponde al director del centro, en el plazo máximo de dos días
lectivos desde la recepción del expediente, la resolución del procedimiento
sancionador.
2. La resolución debe contener los hechos imputados al alumno, la
falta que tales hechos constituyen y disposición que la tipifica, la sanción
que se impone y los recursos que cabe interponer contra ella.
3. La resolución se notificará al alumno y, en su caso, a sus padres o
representantes legales y al miembro de la comunidad educativa que instó
la iniciación del expediente, en un plazo máximo de veinte días lectivos
desde la fecha de inicio del procedimiento.
4. Esta resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
127.f) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, será
comunicada al claustro y al consejo escolar del centro quien, a instancia
de padres o tutores, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su
caso, las medidas oportunas, en el plazo máximo de cinco días lectivos.
Si el instructor del expediente forma parte del consejo escolar del centro
deberá abstenerse de intervenir.
5. Contra la resolución se podrá presentar recurso de alzada ante la
Dirección Provincial de Educación correspondiente en los términos previstos
en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.
10924 Miércoles, 23 de mayo 2007 B.O.C. y L. - N.º 99
6. La resolución no será ejecutiva hasta que se haya resuelto el correspondiente
recurso o haya transcurrido el plazo para su interposición. No
obstante, en la resolución se podrán adoptar las medidas cautelares precisas
para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva.
Artículo 54.– Régimen de prescripción.
Las faltas tipificadas en el artículo 48 de este Decreto prescribirán en
el plazo de noventa días contados a partir de la fecha de su comisión. Asimismo,
las sanciones impuestas por estas conductas prescribirán en el
plazo de noventa días desde su imposición.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.– Centros públicos.
En los centros públicos que impartan sólo enseñanzas de educación
infantil, los que sean específicos de educación especial y los que impartan
enseñanzas de adultos y de régimen especial el contenido de este
Decreto se desarrollará de acuerdo con las características específicas de
su alumnado.
Segunda.– Centros privados concertados.
En los centros privados concertados la aplicación de este Decreto se
ajustará a las peculiaridades de su organización y funcionamiento.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.– Régimen transitorio.
Durante el curso escolar 2006-2007 y primer trimestre del curso
2007-2008 los Reglamentos de régimen interior de los centros educativos
sostenidos con fondos públicos deberán adaptarse a lo dispuesto en este
Decreto, sin que en ningún caso se puedan aplicar en lo que se opongan
al mismo.
Segunda.– Retroactividad del Decreto.
A los procedimientos sancionadores iniciados antes de la entrada en
vigor de este Decreto les es de aplicación la normativa vigente en el
momento en que se iniciaron, salvo que la del presente Decreto sea más
favorable, en cuyo caso producirá efectos retroactivos.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.– Desarrollo normativo.
Se autoriza al Consejero de Educación para dictar cuantas disposiciones
sean necesarias para la aplicación y desarrollo del presente Decreto.
Segunda.– Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial de Castilla y León».
Valladolid, 17 de mayo de 2007.
El Presidente de la Junta
de Castilla y León,
Fdo.: JUAN VICENTE HERRERA CAMPO
El Consejero de Educación,
Fdo.: FCO. JAVIER ÁLVAREZ GUISASOLA


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