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Legislación básica
 

Decreto 77/2004, de 24 de febrero, por el que
se regulan los criterios y el procedimiento de
admisión del alumnado en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, a excepción de los
universitarios.


El artículo 19 de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciem
bre, de Estatuto de Autonomía para Andalucía, establece que
corresponde a la Comunidad Autónoma la regulación y admi
nistración de la enseñanza en toda su extensión, niveles y
grados, modalidades y especialidades en el ámbito de sus
competencias, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27
de la Constitución y Leyes Orgánicas que, conforme al aparta
do 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen; de las facul
tades que atribuye al Estado el número 30 del apartado 1
del artículo 149 de la Constitución y de la alta inspección
necesaria para su cumplimiento y garantía.
La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad
de la Educación, ha establecido en su artículo 72 que en
los centros sostenidos con fondos públicos que impartan varios
niveles educativos, el procedimiento inicial de admisión de
los alumnos y alumnas se realizará al comienzo de la oferta
del nivel educativo inferior de los que sean objeto de finan
ciación.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en la dis
posición adicional quinta de la citada Ley Orgánica 10/2002,
de 23 de diciembre, dicho procedimiento inicial de admisión
del alumnado, cuando no existan plazas suficientes, se regirá
por los criterios prioritarios de proximidad del domicilio, exis
tencia de hermanos matriculados en el Centro, renta per cápita
de la unidad familiar, concurrencia de discapacidad en el alum
no o en alguno de sus padres o hermanos y condición legal
de familia numerosa. Asimismo, se considerará criterio prio
ritario la concurrencia en el alumno o alumna de enfermedad
crónica que afecte al sistema digestivo, endocrino o metabólico
y exija como tratamiento esencial el seguimiento de una dieta
compleja y un estricto control alimenticio cuyo cumplimiento
condicione de forma determinante el estado de salud física
del alumno o alumna. Por otra parte, en ningún caso habrá
discriminación en la admisión de alumnos o alumnas por razo
nes ideológicas, religiosas, morales, sociales, de sexo, de raza
o de nacimiento.
En la Comunidad Autónoma de Andalucía, los procedi
mientos de admisión del alumnado en los centros sostenidos
con fondos públicos se han basado hasta el momento en lo
establecido en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, regu
ladora del Derecho a la Educación y en la Ley Orgánica 9/1995,
de 20 de noviembre, de la participación, la evaluación y el
gobierno de los centros docentes y en los Decretos 115/1987,
de 29 de abril, y 72/1996, de 20 de febrero, respectivamente,
que las desarrollaban. Hasta el momento, la aplicación de
estas normas ha demostrado su utilidad y eficacia para decidir
sobre la admisión del alumnado en los centros sostenidos
con fondos públicos, pero la entrada en vigor de la Ley Orgánica
10/2002, de 23 de diciembre, obliga a revisar aquellos pro
cedimientos para adecuarlos a la citada Ley, siempre desde
la participación de la comunidad educativa en los mismos.
Por tanto, de acuerdo con los principios que inspiran las
disposiciones legales mencionadas, los alumnos y alumnas
serán admitidos en los centros docentes, sin más limitaciones
que las derivadas de los requisitos de la edad y, en su caso,
de las condiciones académicas o superación de pruebas de
acceso o aptitud para iniciar el nivel o curso al que se pretende
acceder. Sólo en el supuesto de que no haya en los centros
plazas suficientes para atender todas las solicitudes de ingreso,
se aplicarán los criterios de admisión recogidos en el presente
Decreto, estableciendo la valoración objetiva que corresponde
a cada uno de los alumnos y alumnas y garantizando el derecho
a la elección de centro.
En virtud de lo expuesto, a propuesta de la titular de
la Consejería de Educación y Ciencia, de acuerdo con lo esta
blecido en el artículo 39.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma,
de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucí


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